Unas 30 personas, entre miembros de sindicatos policiales y políticos de PP y Cs, se han concentrado este miércoles en Barcelona en protesta por la reforma que quiere impulsar el Gobierno sobre la Ley de seguridad ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’.
La plataforma policial ‘No a la España insegura’ ha convocado la concentración ante la delegación del Gobierno en Cataluña, a la que ha asistido también la vicesecretaria nacional de Organización del PP, Ana Beltrán; el líder del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, y el diputado de Cs en el Parlament Nacho Martín Blanco.
Tras desplegar una pancarta con el nombre de la plataforma, el portavoz y secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Catalunya, Antonio Granados, ha leído un manifiesto en el que advierte de que la reforma «amenaza la vida diaria de los ciudadanos» y asegura que deja a los agentes y fuerzas de seguridad del Estado desprotegidos.
«No nos van a callar, no nos vamos a rendir. No creemos en una reforma pactada en los despachos. Instamos al Gobierno a que no venda la seguridad de los ciudadanos a cambio de intereses partidistas», ha reclamado Granados, que también ha asegurado que las agresiones contra agentes de policía se han disparado y que han ido perdiendo el principio de autoridad.
La vicesecretaria nacional de Organización del PP ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer acometer un «atropello que pretende criminalizar y desproteger a los agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y también de los Mossos d’Esquadra».
«CONCESIONES A LOS SOCIOS»
«Esta reforma no se hace para mejorar la seguridad de las personas, y sí para dar apoyo a los radicales que consideran que la calle es suya. La ley pretende dar concesiones a sus socios radicales que nos acostumbran a quebrar la convivencia», ha lamentado.
Para Alejandro Fernández, El Gobierno pretende «desprestigiar, humillar y quitar instrumentos» a dichos cuerpos policiales.
Desde Cs, Martín Blanco considera que la reforma de la ley pone «en la picota» a los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y les deja, a su juicio, prácticamente en la intemperie, y por ello pide al Gobierno que la paralice.
«Pero la decisión del Gobierno viene amparada por sus socios parlamentarios. El Gobierno ha llegado a un acuerdo con ERC para no invertir más en la reforma de la jefatura de la Policía Nacional de Via Layetana. Es una vergüenza», ha reprochado.
