«Por la concordia de la sociedad española, espero sinceramente que se pueda hallar una solución consensuada ante un tema tan sensible«. Es la frase clave de la carta, en poder de MONCLOA.COM, que el Vaticano envió al Gobierno español sobre la exhumación de Franco. Esta frase provocó que el Ejecutivo ocultase su contenido para vender que se avalaba su gestión, cuando, por el contrario, Roma le pedía un esfuerzo negociador.
De hecho, así resumieron los medios la misiva: «El Vaticano dijo este sábado que no tiene nada que señalar acerca de la exhumación de los restos de Franco que el Gobierno español trata de llevar a cabo, después de que el prior del Valle de los Caídos se haya negado a facilitar el acceso para tal fin.
O también: «El Vaticano vuelve a la posición de partida. Sí permite la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Está de acuerdo. «No se opone«. Y además recuerda «y seguirá recordando» a la comunidad benedictina que custodia la basílica y que se opone a la salida del dictador que ha de respetar la ley.
Pero lo cierto es que la carta del secretario de Estado del Papa, el cardenal Pietro Parolin, tenía dos partes. En una parte, el Vaticano decía a la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, lo que le tocaba aceptar, no lo que deseaba. Eso lo dejaba para la frase final del texto.
Pero incluso en el preámbulo, en lenguaje vaticano, ya encendía las luces al Ejecutivo: «La Santa Sede sigue con atención la cuestión del traslado de los restos mortales del General Franco, que afecta a la familia, al Gobierno español y a al la Iglesia». Nótese que Roma pone como primer afectado al clan Franco, no al Gobierno.
LAS PEROGRULLADAS OBLIGADAS DEL VATICANO
Luego siguen diversas perogrulladas obligadas: que el Vaticano respeta el Concordato y que no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española. No dice que sea competencia del Estado, habla de estado de derecho: «La controversia que ahora es objeto de un recurso ante el Tribunal Supremo, es competencia del Estado español y está sometido al Derecho y a la justicia española«.
Dicho eso, la frase que el Gobierno cogió como escudo pierde valor: «La iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del General Franco, si la autoridad competente así lo dispone». Pero la autoridad que puede disponer…es la justicia, y así lo hacía ver el escrito vaticano. No obstante, el final de la carta es la parte sustancial.
Ahí el Vaticano no dice que lo que le toca respetar. Dice y pide lo que desea: «una solución consensuada ante un tema tan sensible» en favor de la concordia de la sociedad española.
Con la decisión final del Consejo de Ministros para realizar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos quedan por delante varios obstáculos legales. El Gobierno no descarta ninguna acción legal para sustituir a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y evitar así el veto del prior a la exhumación, pero tiene que ganar el recurso de la familia ante el Tribunal Supremo.
El Gobierno señaló en su momento, cuando acordó llevar adelante los últimos pasos de la exhumación, que para entrar en la basílica solicitaría la autorización a las autoridades eclesiásticas o también podría tomar medidas legales.
Aunque el Ejecutivo explicó a qué medidas se refería, el informe de 2011 de la comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, como publicó MONCLOA.COM, mostró una vía para conseguir salvar el obstáculo en que se ha convertido el prior del Valle. El Gobierno puede modificar el convenio con la abadía de Silos, que está aprobado mediante un decreto de 1958. También podría sustituir esta comunidad por otra, según este convenio, si no ha cumplido los fines establecidos.
Además de las posibilidades legales que tiene el Gobierno a través del decreto de 1957 que aprobó el convenio con la Abadía de Silos, podrían existir otras vías. El Valle de los Caídos es propiedad de Patrimonio Nacional y, según la ley que lo regula desde 1982, el Gobierno debería haber constituido una comisión que tendría que haber realizado una propuesta sobre qué hacer con el convenio y también sobre “el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio de la fundación”.
Desde la aprobación de esta ley de Patrimonio Nacional no se ha desarrollado esta previsión. Además, esta norma ya señalaba que el Gobierno debería adecuar el decreto franquista al régimen jurídico actual y también preveía que decidiera si renovaba o daba por enterrado el convenio con los benedictinos. Esta disposición también hace referencia a que el Ejecutivo debería resolver “el régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas”, lo que también podría influir sobre el enterramiento de Franco.
