El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido el valor de la «colaboración» por encima de ideologías que se ha plasmado en el Documento de Santiago rubricado por ocho comunidades con el fin de «mejorar» el Estado de las Autonomías y de garantizar la «cohesión» territorial con una financiación justa como base de la «justicia social».
Así lo ha manifestado Fernández Mañueco en Santiago de Compostela, donde ha rubricado el documento junto con los presidentes de Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias. Un texto que contiene un total de 35 puntos en el que los dirigentes autonómicos han fijado una posición común en materia de financiación autonómica y despoblación, entre otras materias.
El presidente de la Junta de Castilla y León ha insistido en que estos puntos desvelan la apuesta clara de los ocho presidentes por el Estado de las Autonomías y avanza su voluntad de «consenso» al servicio de las personas y con el fin de poner el «desafío demográfico» como prioridad institucional vinculada al modelo de financiación autonómica con especial incidencia en la despoblación.
El presidente de Castilla y León ha insistido en que la «justicia social» empieza por «garantizar» una financiación que «cubra» la prestación de servicios básicos como son la sanidad, los servicios sociales, la educación o la dependencia.
De este modo, Fernández Mañueco ha defendido que el objetivo de este documento es avanzar en «igualdad» y en «cohesión territorial», al tiempo que ha reseñado que los ocho presidentes presentes en este acto comparten como objetivo la «colaboración» por encima de «ideologías» para avanzar en los servicios de las personas.
«Somos leales con el Estado de las Autonomías y damos un paso al frente para mejorarlo, también somos leales con el Gobierno con propuestas constructivas y esta declaración como instrumento de trabajo que sirva para lograr el consenso y mayor cohesión territorial», ha explicado.
De este modo, Fernández Mañueco ha señalado que la reforma del modelo de financiación deberá ser aprobado de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera siempre teniendo en cuenta las necesidades y las posturas de las autonomías. «Nos jugamos mucho las personas de Castilla y León con el nuevo modelo de financiación, el dinero no es para las administraciones públicas sino para servicios públicos», ha aseverado.
Por último, el presidente de la Junta de Castilla y León ha incidido en que el coste de los servicios no es igual en todos los territorios, por lo que ha defendido, como figura en el documento rubricado este martes, que se tenga en cuenta la superficie territorial, la dispersión, la baja densidad de población y el envejecimiento para calcular el coste real de estos servicios.
Así, ha detallado que Castilla y León cuenta con el cinco por ciento del total de la población de España, pero, dada su extensión y dispersión, cuenta con el 38 por ciento de los consultorios sanitarios rurales, el 17 por ciento de las carreteras autonómicas o el 18 por ciento de la superficie forestal. «Tres variables que necesitan un esfuerzo por parte de toda España».
«Todas las personas deben recibir los mismos servicios vivamos donde vivamos y espero demos pasos decididos en este sentido», ha zanjado.
