La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso ha aprobado este miércoles por 20 votos a favor (PSOE, Podemos ERC y PNV), 15 en contra (PP, Vox y Ciudadanos) y una abstención, el dictamen sobre el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que incorpora las enmiendas transaccionales de los dos partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) y ERC. El texto, aprobado con competencia legislativa plena por la Comisión, será remitido al Senado para que continúe su tramitación parlamentaria.
La futura norma deroga el Decreto franquista de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica que permanecía vigente para los estudiantes.
Entre los cambios introducidos en la Cámara Baja, se ha suprimido el carácter básico y estatal de la ley con el objetivo de garantizar la autonomía universitaria, una modificación que ha suscitado el rechazo de la comunidad universitaria. Asimismo, se blindan el derecho a la huelga y los ‘piquetes’, temas que han provocado las críticas entre los grupos de la oposición.
En comparación con el texto original propuesto por el Ministerio de Universidades, el texto que sale de la Cámara Baja garantiza, por parte de las universidades, la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga, al estar «constitucionalmente reconocidas».
De este modo, se podrá sancionar «impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia del conocimiento», pero teniendo en cuenta la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga.
Además, los diputados han incorporado la necesidad de que las obras estén catalogadas para que pueda sancionarse su destrucción o deterioro de manera irreparable o su sustracción del patrimonio histórico y cultural de la universidad».
NOVATADAS, PLAGIO Y ACOSO
La futura Ley define un nuevo sistema de faltas y sanciones para el estudiantado, con las máximas garantías y la posibilidad de sustituir las sanciones, en determinados casos, por medidas de carácter educativo o recuperador.
La norma considera como falta muy grave las novatadas, el plagio de Trabajos de Fin de Grado, de Máster o Tesis Doctoral, o el acoso y acoso sexual, castigando a los infractores con la expulsión de la universidad de entre dos meses y tres años o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso o semestre.
Se consideran faltas graves acciones como apoderarse indebidamente del contenido de exámenes; deteriorar gravemente los bienes del patrimonio de la universidad; acceder sin autorización a los sistemas informáticos de la universidad; o impedir la celebración de actividades universitarias, entre otros. La sanción en estos casos va desde la expulsión de un máximo de un mes de la universidad, a la pérdida de derechos de matrícula o pérdida del derecho a la convocatoria ordinaria durante un curso o semestre.
Y se consideran faltas leves acciones como acceder indebidamente a instalaciones universitarias o realizar actos que deterioren de forma no grave los bienes del patrimonio de la universidad. En estos casos, la sanción consistirá en una amonestación privada.
A FAVOR, PSOE, UP Y ERC
El socialista Roberto García ha defendido los cambios introducidos en el informe pactados con Unidas Podemos y ERC, explicando que lo que se hace es establecer que las universidades desarrollarán en sus normas de convivencia medios alternativos de solución de conflictos. Durante su intervención, García ha reprochado a la diputada del PP que defienda el proyecto original del Gobierno cuando hace unas semanas presentó una enmienda a la totalidad.
Desde Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna ha celebrado que se trate de una norma que deroga el decreto franquista de 1954 y que «lejos de ser una ley punitiva y disciplinaria, pone en el centro la mediación», al considerarse ésta la «principal herramienta para la solución de conflictos en las universidades.
Por su parte, Marta Rosique (ERC) ha explicado el motivo por el que han llegado a un acuerdo con los dos socios del Gobierno. En primer lugar, porque la formación quería «blindar» el desarrollo competencial y el mecanismo de mediación en las universidades, así como «blindar los derechos del movimiento estudiantil», es decir, los de huelga y movilización.
«El motivo por el que defendíamos esto es porque, precisamente, el estudiantado que tiene una participación bastante minoritaria en los órganos colegiados del sistema universitario, podría tener también una incidencia mayor ejerciendo su derecho de movilización», ha explicado Rosique, que advierte de que ERC no quería una «ley mordaza» en las universidades.
EN CONTRA, PP, VOX Y CS
En contra, se han manifestado PP, Vox y Cs. La ‘popular’ María Jesús Moro, ha denunciado que tanto PSOE, como Unidas Podemos y ERC no han escuchado a la oposición durante el trámite parlamentario, que ha resume en un «ordeno y mano». Moro también ha acusado a los tres partidos de «destripar» el proyecto y, de hecho, ha acusado a Castells de «traición» hacia los universitarios. También ha definido la futura ley como un «bodrio jurídico incierto» y una «tropelía» que permitirá «llevar la intolerancia a los campus universitarios contra algunos».
Mientras, Francisco José Contreras (Vox) cree que el proyecto ha sido tramitado con «autoritarismo», ya que asegura que «todas» las enmiendas de la oposición han sido «desestimadas» sin ser siquiera examinadas. Además, a su juicio, esta ley recoge el «adoctrinamiento ideológico» del Gobierno, pues considera que la norma erosionará la libertad de cátedra, de debate y de expresión en las universidades. «Es el clima de intimidación ideológica contra profesores, alumnos u oradores cuando son de tendencia conservadora o españolista», dice.
«Ustedes se van a cargar el modelo Castells para hacer la ley de ERC», ha lamentado también Juan Ignacio López-Bas, de Cs, pues «van a legitimar que una carpa con banderas de España pueda ser vandalizada» así como «legitimar la exclusión de la violencia, diciendo que es derecho de reunión, manifestación y de libertad de expresión».
