Feministas que participaron en piquetes informativos durante las huelgas del 8M de 2018 y 2019 en la ciudad de València se enfrentan a seis nuevos juicios por desórdenes y se defienden: «No hay nada probado. No se puso nada en peligro».
Así se ha manifestado la abogada de Alerta Solidaria, María Josep Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de celebrarse la primera vista contra una de las mujeres, a la que se le solicita el pago de una multa de 601 euros. Quedan pendientes cinco procedimientos más que se han individualizado.
«Consideramos que no debería de haberse impuesto esta multa ni las otras que vendrán», ha afirmado la letrada, que ha concretado que la sanción surge de la supuesta ocupación de las vías del tranvía durante la huelga del 8M.
«Defendemos que no fue así», ha dicho la letrada, para agregar que ese día se identificó al piquete informativo en una huelga «legalmente convocada».
Ha explicado que hay «contradicciones graves» en lo que dicen los agentes en su atestado «porque hablan de vías del metro y luego de tranvía. No es lo mismo. Tampoco describen la situación de desorden que se genera ni se explica lo que dura o la alteración producida», ha apostillado.
«Los agentes se limitaron a decir que se ocuparon las vías y la actual Delegación de Gobierno impuso la sanción. El Ministerio del Interior la ratificó», ha indicado. En este asunto la abogada ha lamentado que tampoco se pidió ni siquiera un informe de Ferrocarrils para saber si se interrumpió algún servicio.
Así, entiende: «No se ha acreditado que se interrumpiera el servicio de tranvía ni que se pusiera en peligro absolutamente nada. La descripción de los hechos que hace la policía no sería ni sancionable», ha insistido.
A su juicio, este tipo de procedimientos «evidencian un retroceso abismal en los derechos fundamentales. Aquí cada vez se puede hacer menos. La ley limita la protesta y los derechos», ha lamentado.
