El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha registrado una iniciativa mediante la que pedirá al Gobierno de España la paralización de la tramitación de la futura Ley de Vivienda, han informado fuentes parlamentarias.
En concreto, se trata de una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que también piden la creación de un grupo de trabajo con expertos del sector inmobiliario, y las Comunidades Autónomas, competentes en la materia, que permita llegar a un consenso sobre las medidas efectivas a implantar con el fin de conseguir una rebaja de los precios del alquiler.
Todo ello basado en la generación de oferta suficiente, respeto a la legalidad, incentivos fiscales y seguridad jurídica para los propietarios. Quieren también incluir en el futuro texto legal, las reformas legislativas necesarias, para frenar el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles, que está «detrayendo del mercado más de un millar de inmuebles que de otro modo estarían disponibles en el mercado».
En la exposición de motivos de la iniciativa, los ‘populares’ entienden que el control público del mercado de la vivienda que va aplicar el Gobierno tiene en Cataluña «un dañino precedente en la ley de contención del alquiler», vigente desde el año 2020 y que ha tenido «efectos contrarios a los anunciados por el Gobierno de la Generalitat».
«Además de las reacciones adversas de todo el sector inmobiliario, la ley recibió un duro informe en contra del Consejo de Garantías Estatutarias, órgano consultivo de la Generalitat que consideró que estaba en muchos de sus puntos fuera del marco estatutario y, por lo tanto, del constitucional», han incidido.
El Gobierno de España ha anunciado la próxima tramitación de una Ley de Vivienda que según el PP «los expertos indican que provocará el efecto contrario tal y como ha ocurrido en Cataluña, Berlín o San Francisco, y en contra del criterio del propio Banco de España o de la OCDE».
Las consecuencias que se prevén son «una reducción de la oferta, incremento del precio medio, deterioro del parque inmobiliario e inseguridad jurídica para los propietarios» y «menos oportunidades para acceder a una vivienda y menor creación de empleo (cada vivienda construida genera 2 empleos y medio y el sector inmobiliario representa el 10% del PIB nacional).
