El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles en el Congreso el tercer grado dado al detenido por el crimen del niño de nueve años en Lardero (La Rioja) porque al ser restringido le impedía «salir del CIS» (Centro de Inserción Social). Lo ha dicho frente a las críticas «ignorantes» de PP y Vox por tomar una decisión en contra de la Junta de Tratamiento de la cárcel y que precedió a la libertad condicional aprobada por un juez de vigilancia penitenciaria.
«La decisión de los servicios centrales de su Ministerio ha derivado en una tragedia, una decisión inadecuada, frívola, contraria a la Junta de Tratamiento de la cárcel de El Dueso; de esa concesión, nace la tragedia porque sin ese tercer grado nunca un juez de vigilancia penitenciaria hubiera podido conceder la libertad condicional, porque se lo impide la legislación vigente», ha defendido el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro.
Grande-Marlaska ha acusado a Vox y PP de usar con fines partidista esta tragedia en Lardero, de la que mañana se cumplen dos semanas, señalando a los diputados de ser «ignorantes». «Fue un tercer grado limitado, no salía del CIS, se tomaron todas las medidas de restricciones», ha apuntado el ministro del Interior en referencia a Francisco Javier Almeida, en prisión provisional por el crimen del pequeño Álex.
Vox ha afeado al ministro que no haya ido al funeral del niño y Grande-Marlaska le ha reprochado usar «el dolor de la familia» del menor. El titular del Interior ha recordado su pasado como juez de vigilancia penitenciaria y ha preguntado a los diputados: «¿Saben diferenciar un tercer grado de la libertad condicional?».
En este sentido, ha sostenido que ambos partidos de la oposición ponen en duda la decisión del juez de vigilancia penitenciaria, al que según él acusan de actuar como «una máquina» a criterio de Instituciones Penitenciarias y sin atender a informes ni expedientes. Además, ha recordado que fue el juez quien resolvió en abril de 2020 a favor de darle a Almeida la libertad condicional, sin contar con la oposición de la Fiscalía, lo que suspendió el tercer grado restringido.
«ESPAÑA PIDE JUSTICIA»
El diputado ‘popular’ por La Rioja Javier Merino Martínez le ha hecho responsable del tercer grado concedido pese a que seis de nueve miembros de la Junta de Tratamiento se opusieron. La decisión se adoptó tres años antes de que liquidara la condena por el conocido como ‘crimen de la inmobiliaria’ de 1998, por el que el fue condenado a 30 años.
«España pide justicia, todos pedimos justicia», ha añadido Merino, recordando que vive en Lardero «a cien metros del asesino» y que pasea con sus hijas por el parque «donde andaba suelto» el detenido por matar al pequeño Álex.
«Vale ya de mentir y de utilizar las tragedias de forma continuada, es la mayor de las indignidades», ha sostenido Grande-Marlaska en respuesta al diputado del PP, que también le ha reprochado al ministro que «no quiera hablar del brutal asesinato» y de su política para dar pluses de productividad a las cárceles que conceden terceros grados, cumpliendo una serie de requisitos como que el interno esté condenado a menos de un año.
El presunto autor del crimen de Lardero es un exconvicto condenado a 30 años por el ‘crimen de la inmobiliaria’, ya que en 1998 mató a una mujer agente de una empresa con la que previamente quedó para ver una vivienda. Además, fue condenado a otros siete años por un agresión sexual ocurrida con anterioridad, en 1993.
Tras siete intentos sin éxito, en febrero de 2020 Instituciones Penitenciarias resolvió a favor de progresarlo al tercer grado en la modalidad restringida del artículo 82.1 –salidas tuteladas y con controles con vistas a su reinserción social–, una decisión que contó con el rechazo por mayoría de la Junta de Tratamiento de la cárcel de El Dueso (Cantabria), que prefería mantenerlo en segundo grado.
Dos meses después, en abril de 2020, el juez de vigilancia de La Rioja concedió la libertad condicional a Almeida, una decisión que no tuvo oposición de la Fiscalía. El interno cumple una condena acumulada de 25 años, la cual extingue por completo en 2023, y había disfrutado desde 2013 de 39 permisos de salida sin incidencias por quebrantamiento.
