La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que procese al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por un presunto delito de genocidio cometido entre 1975 y 1991 contra los refugiados saharauis en Tinduf (Argelia), alegando que sus supuestas acciones forman parte de un conjunto de hechos que no está prescrito, así como que ordene su busca y captura para que entre en prisión.
En un escrito del pasado lunes, ASADEDH se opone al auto dictado el 1 de octubre por el juez Santiago Pedraz donde acordó concluir el sumario de la querella presentada por la asociación saharaui contra 4 uniformados argelinos y 23 agentes del Frente Polisario, incluido Ghali, sin procesar a este último, enviando el conjunto de las pesquisas a la Sala de lo Penal para que se pronuncie sobre el camino a seguir en esta causa.
Tanto el magistrado como el fiscal entendieron que los hechos atribuidos a Ghali estaban prescritos porque el Código Penal aplicable es el de 1973, que establece un periodo de prescripción de 20 años, a contar desde 1991, y la querella no fue admitida definitivamente hasta el 16 de agosto de 2012.
Sin embargo, ASADEDH entiende que el plazo de prescripción se interrumpió mucho antes de que el Juzgado Central de Instrucción Número 5 decidiera investigar los hechos, argumentando que se detuvo en 2008 al presentar la querella, que fue ampliada posteriormente, en 2015 y 2021, por otras acusaciones.
En ese ínterin de cuatro años, la querella sufrió distintas vicisitudes. En abril de 2008, se incoó procedimiento acordándose una serie de diligencias para comprobar si Argelia o Marruecos ya estaban investigando este asunto. El silencio de ambos países hizo que las pesquisas se archivaran provisionalmente en enero de 2010, si bien tras recibir sendas respuestas fue admitida en agosto de 2012.
COMISIÓN ROGATORIA A ARGELIA
Por ello, ASADEDH considera prematuro declarar la extinción de la responsabilidad criminal de Ghali y reclama que se le impute por un presunto delito de genocidio cometido mediante torturas.
Y, dado que no se encuentra «a disposición del procedimiento», por estar en Argelia, también insta a «ordenar su busca, captura e ingreso en prisión, cursándose las oportunas órdenes internacionales de detención contra el mismo para su ulterior extradición».
A tal efecto, solicita librar una comisión rogatoria a Argelia para recabar su colaboración aprovechando ese trámite para poner en conocimiento de Ghali su nueva situación, si cambia.
UNIDAD DE ACCIÓN
Además, ASADEDH llama la atención sobre el hecho de que la querella se dirige contra un total de 27 personas y únicamente se salva a Ghali del procesamiento. A su juicio, los hechos denunciados forman «una unidad de la que formó parte inseparable, subjetiva, objetiva, temporal, y geográficamente» la actuación concreta atribuida al líder polisario.
«Estamos ante un comportamiento complejo que constituye una unidad delictiva íntimamente conexionada de modo material y en el que la toma en consideración de todas y cada una de las acciones contra la vida, dignidad y libertad de las personas que se llevaron a cabo contra los saharauis exclusivamente por razón de su etnia o raza, resulta absolutamente imprescindible para la compresión, enjuiciamiento y sanción del comportamiento delictivo unitario», sostiene.
En consecuencia, asevera que lo de Ghali «no fue una acción aislada y desconectada de todo el plan genocida llevada a cabo por una persona independiente, en solitario y por su cuenta y riesgo».
Para ASADEDH, hay indicios suficientes para afirmar que Ghali «conoció y, lo que es más relevante, participó de la realidad colectiva global diseñada e implementada sistemáticamente por los autores para destruir a los saharauis».
Recalca que «fue consciente plenamente, en concreto y con anterioridad a su comisión, de que los hechos en que participó personalmente se insertaban e integraban en esta estrategia criminal y coadyuvaban a conseguir sus últimos objetivos».
A este respecto, aduce que «el hecho de que fuera ministro de Defensa le hace responsable de las personas que fueron detenidas ilegalmente» en las cárceles del Polisario en Tinduf, donde habrían sido torturadas, porque el cargo le confería «capacidad decisoria».
En cualquier caso, concluye que las presuntas torturas cometidas por Ghali son «parte inseparable del delito de genocidio», apuntando que la valoración de si «formaba parte del aparato represor del genocidio o si, por el contrario, fue ejecutor de unos actos determinados y únicos en unas fechas concretas» es algo que debe dilucidarse en el juicio oral, no en la actual fase.
LOS RASGOS DEL GENOCIDIO
Por otro lado, ASADEDH rebate las afirmaciones de juez y fiscal conforme a las cuales, aunque los hechos no hubieran prescrito, no constituirían un delito de genocidio porque, según explicaban, no cumplían el elemento subjetivo, esto es, la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, racial, étnico o religioso, ya que ninguno apreciaba la existencia de los «subgrupos» en los que la asociación divide al pueblo saharaui según su localización geográfica.
El querellante reivindica que sí existe esa intención genocida porque «las acciones investigadas cometidas por militares del Frente Polisario se dirigen unívocamente contra los saharauis, personas originarias del territorio del Sáhara Occidental que son sometidas a persecución únicamente por el motivo de ser originarios de ese territorio y con la finalidad de destruirlos».
Asimismo, observa el elemento objetivo de este tipo penal al entender que «se han acreditado una serie de acciones contra la vida, dignidad y libertad de las personas exclusivamente por razón de su etnia o raza, los saharauis», precisando que se trata de «asesinatos, traslados forzosos de población y del sometimiento de los detenidos a torturas y condiciones de vida tan lamentables que en ocasiones han provocado la muerte».
EL ‘CASO GHALI’ EN LA AUDIENCIA NACIONAL
La de ASADEDH no es la única querella contra Ghali en la Audiencia Nacional. Pedraz tiene entre manos otra presentada por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica por las torturas que habría sufrido en los campamentos de Tinduf en 2019.
Esta segunda querella estaba a la espera de un último testigo, un hombre que habría estado detenido en la misma cárcel que Breica y que podría dar cuenta de las presuntas violaciones de los Derechos Humanos por las que se investiga al Frente Polisario.
Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, investiga si hubo delito de prevaricación en la entrada y salida de Ghali de España en una causa que tiene como principal imputada a la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya.
PASO POR ESPAÑA
Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) cobraron impulso cuando se supo que estaba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.
Ghali compareció el 1 de junio ante Pedraz por videoconferencia desde el centro sanitario, negando cualquier implicación en dichas violaciones de los Derechos Humanos. Su defensa ha esgrimido en sucesivos escritos que se trata de una causa política para minar las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharaui.
Tras escuchar al líder del Frente Polisario, el juez acordó dejarlo libre sin medidas cautelares al no ver indicios de delito en su contra. Pocas horas después, en la madrugada del 2 de junio, regresaba a Argelia en un avión medicalizado.
