El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa ha instado a las autoridades españolas a tomar medidas para prevenir los malos tratos en prisión y garantizar que los casos de presuntos malos tratos se investigan de forma «eficaz».
Así lo pide en un informe sobre España, publicado este martes, en el que también propone medidas para mejorar el tratamiento de los presos y pacientes recluidos en hospitales psiquiátricos penitenciarios.
El documento contiene las conclusiones de una visita a España del 14 al 28 de septiembre de 2020 y se ha publicado junto con la respuesta de las autoridades españolas.
Según señala el Comité, la mayoría de las personas entrevistadas durante la visita afirmaron que los agentes del orden los habían tratado correctamente. Sin embargo, la delegación dice haber recibido un «número importante» de denuncias de malos tratos, principalmente contra la Policía Nacional, consistentes en bofetadas, puñetazos y patadas, así como, ocasionalmente, el uso de porras.
Supuestamente, según precisa el informe, estos malos tratos se infligieron «para obligar a los sospechosos a proporcionar información o a confesar determinados delitos o para castigarlos por el supuesto delito cometido».
En concreto, en las cárceles de hombres adultos visitadas, la delegación del CPT dice haber recibido muchas denuncias consistentes y creíbles de malos tratos físicos recientes por parte de funcionarios de prisiones, que consistieron principalmente en bofetadas en la cabeza y el cuerpo, puñetazos, patadas y golpes con porras.
Asimismo, señala haber recibido también varias denuncias creíbles de personas a las que se les había sometido a repetidos golpes de bastón en las plantas de los pies, un método de tortura conocido como falaka.
Por ello, el Comité pide una supervisión más rigurosa por parte de la dirección, la formación del personal en técnicas de control, y que se denuncien de forma inmediata todas las denuncias de malos tratos a las autoridades fiscales.
ABOLIR LA FIJACIÓN MECÁNICA
En lo que respecta al problema de la fijación mecánica de una persona a una cama, el informe señala los «considerables progresos» realizados en todas las cárceles de España en la reducción tanto del número como de la duración de la aplicación de esta medida. Sin embargo, el CPT considera que el objetivo debe seguir siendo «abolir» esta medida en prisión.
En cuanto a las mujeres reclusas, el informe pide un enfoque específico de género que tenga en cuenta las necesidades de las mujeres, por ejemplo, en relación con la gama de actividades que se ofrecen, y la adopción de una política para prevenir los actos de autolesión.
Por otra parte, el Comité es crítico con el tratamiento y las condiciones que se ofrecen a los pacientes en los dos Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios (PPH) de Alicante y Sevilla. El CPT considera que deben gozar de plena separación institucional y funcional del servicio penitenciario y estar bajo la responsabilidad del sistema nacional de salud.
Según señala el informe, en ambos hospitales, la delegación recibió algunas denuncias de malos tratos físicos consistentes en «golpes con porras de goma y fijaciones mecánicas dolorosas e inadecuadas». El CPT es crítico con la práctica de períodos prolongados de reclusión impuesta a los pacientes, que duran hasta «cuatro meses», sin las debidas garantías legales o una revisión judicial adecuada.
Además, sobre su visita al Centro de Detención de Menores ‘La Marchenilla’ de Algeciras, el CPT indica que tuvo una impresión positiva de la actitud del personal y de los planes terapéuticos y de rehabilitación individuales, pero advierte de que varios menores se quejaron del comportamiento «brusco» del personal de seguridad al inmovilizarlos.
El CPT también encontró que los menores continuaban siendo sometidos a períodos prolongados de fijación mecánica y que se les inyectaba a la fuerza medicamentos mientras estaban fijados. Por todo ello, el CPT vuelve a instar a las autoridades españolas a abolir la fijación mecánica de menores a nivel nacional.
En su respuesta, las autoridades españolas proporcionan información sobre las acciones emprendidas para combatir los malos tratos en las cárceles, reducir el número de personas recluidas en módulos de régimen cerrado, limitar el recurso a la fijación mecánica y adoptar una perspectiva de género en las cárceles.
Las autoridades españolas coinciden con el Comité en que los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios deben transferirse bajo la responsabilidad de las autoridades sanitarias para proporcionar un entorno terapéutico más adecuado. Por último, recuerda que se están tomando medidas, como la Ley de protección a la infancia, para abolir la práctica de la fijación de niños en los Centros de Menores de toda España.
