El Congreso prevé impulsar antes de fin de año la proposición de ley registrada por el PSOE y Unidas Podemos para derogar el voto rogado que desde 2011 se exige a los españoles residentes en el extranjero y que ha supuesto un desplome en la participación de los emigrados en las elecciones generales y autonómicas.
Se trata de una iniciativa que los dos socios en el Gobierno registraron el pasado mes de febrero y que fue tomada en consideración tan sólo dos semanas después, con el apoyo, entre otros, del PP. Desde entonces la propuesta está congelada debido a las sucesivas prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas parciales.
Sin embargo, los dos grandes partidos están decididos a poner fin a los problemas que el voto rogado viene acarreando desde 2011, cuando se introdujo esta condición en la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG), impulsada por PP y PSOE con el apoyo del PNV y CiU.
Pero, antes de comenzar a presentar las enmiendas parciales al articulado de la iniciativa del PSOE y Unidas Podemos, quieren que desfilen por la subcomisión electoral creada en el seno de la Comisión Constitucional una serie de expertos para que arrojen luz a los grupos parlamentarios.
MAÑANA CONCRETARÁN NOMBRES
Es por ello que la subcomisión electoral tiene previsto reunirse este miércoles para poner en común los nombres y concretar los comparecientes a los que llamar hasta antes de que finalice el año, según confirmaron fuentes parlamentarias.
La idea inicial no es citar a un número muy elevado de comparecientes pero sí a aquéllos que puedan detallar a sus señorías las deficiencias del sistema del voto rogado o los problemas que se registran en la Administración y sugieran algunas posibles soluciones para que el procedimiento sea garantista y facilite la participación en los procesos electorales de los nacionales en el extranjero.
El Congreso ya abrió en mayo de 2017 una subcomisión que se encargaría de estudiar posibles cambios en la LOREG y la supresión del voto rogado fue de uno de los asuntos que más consenso suscitó de entrada entre los grupos parlamentarios. Meses después, la subcomisión llamó a varios expertos en el voto exterior para ilustrar a sus señorías sobre las posibles alternativas al voto rogado.
Con Pedro Sánchez en La Moncloa, el trabajo de la subcomisión se aceleró y el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, llegó a remitir al Congreso un informe que recogía algunas de las ideas planteadas en este sentido por los grupos.
LAS IDEAS DE PSOE Y UNIDAS PODEMOS
Sin embargo, las dudas expresadas por el PP ante la falta de garantías de las ‘recetas’ de Borrell llevó a PSOE y Unidas Podemos a registrar una proposición de ley con el grueso de las mismas, pero el adelanto de las elecciones del 28 de abril de 2019 frustró que ésta fructificara. Es por ello que socialistas y el grupo confederal resucitaron su proposición de ley y ahora el Congreso pretende darle un impulso.
En su iniciativa, PSOE y Unidas Podemos plantean que la descarga telemática de la papeleta permitirá adelantar los plazos de envío de la documentación electoral, facilitando así su recepción en plazo. También pauta ampliar de tres a siete días de los plazos para el depósito del voto en urna y mantiene la posibilidad de enviar el voto por correo postal a la Oficina Consular correspondiente en caso de que el elector no pueda acudir a votar en la dependencia habilitada.
Además, se amplía el plazo para la apertura de los votos emitidos desde el extranjero de tres a cinco días, retrasando en el mismo intervalo el plazo del escrutinio general, algo «imprescindible» si se quiere que «el esfuerzo de participación democrática de los conciudadanos en el extranjero sea tomado en consideración».
COMPARECENCIA DE OTROS ASUNTOS EN 2022
Una vez celebre las comparecencias relativas al voto rogado, la subcomisión electoral tendrá que acordar a qué expertos cita para tratar los demás asuntos que quieren tratar, pero eso será ya en 2022.
La idea es buscar fórmulas para regular las mociones de censura en los ayuntamientos con el objetivo de garantizar la estabilidad municipal y evitar el fenómeno del transfuguismo, regular los debates electorales, garantizar el ejercicio de sufragio sin menoscabar el derecho a la protección de la salud, instaurar las listas cremallera, mejorar la proporcionalidad del sistema electoral o abrir el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a jóvenes de 16 y 17 años.
