El letrado Enrique Zambrano, que lleva la representación legal de Francesco Arcuri en España, se ha mostrado este jueves «escandalizado» con el informe de los magistrados del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), que se han mostrado a favor de la concesión del indulto parcial a Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) condenada por un delito de sustracción de sus dos hijos menores a dos años y seis meses de prisión, ya que, a su parecer, pone de manifiesto que se trata de un órgano «dividido absolutamente» entre juristas y políticos, y es «un ataque frontal a la justicia italiana».
Se da la circunstancia de que el Pleno de la Sala Segunda del TS ha descartado por unanimidad apoyar la concesión del indulto total a Juana Rivas. Respecto al parcial, no ha alcanzado la mayoría para apoyarlo, en tanto ocho magistrados se han mostrado a favor y otros ocho en contra. Por ello, el tribunal ha decidido enviar un informe al Gobierno en el que se recoge tanto la postura de los magistrados favorables como la de los que se oponen.
El abogado de la expareja de Rivas, que vive en Italia con los dos hijos de ambos, ha señalado, que independientemente de compartir o no su criterio, el informe del ministerio fiscal está basado en criterios jurídicos, pero no, ha proseguido, el de los magistrados favorables al indulto parcial. Con su lectura, ha mantenido Zambrano, «queda claro» cuál es «cada facción» en el que «ahora mismo» es el órgano «supremo» para el control último de «las leyes que se aplican» en el ámbito penal.
En su opinión, el informe de los magistrados favorables al indulto parcial «incurre en una cantidad de manifestaciones», que «están absolutamente fuera de lugar», como señalar, ha detallado, que una pericial que se practicó a Arcuri «ha sido anulada» cuando está «en procedimiento de apelación» o apuntar a cuestiones relativas al mayor de los hijos sobre las que están «archivadas todas las denuncias».
Ha agregado Zambrano que «el comportamiento de la madre en Italia» está ya «explicado» y que los servicios sociales de la localidad italiana de Carloforte (Cerdeña) tienen constancia de ello, por lo que el informe de estos jueces «se mete en un absoluto berenjenal».
