El empresario Enrique Ortiz ha manifestado –durante la segunda sesión del juicio por el supuesto amaño en la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, una de las piezas del llamado caso Brugal– que se produjo una infracción del derecho de defensa y de los derechos fundamentales durante la instrucción de la causa, ya que el juzgado se «negó» a facilitar una copia de los audios y transcripciones de los mismos a las defensas.
De esta forma, el abogado del empresario, Francisco Ruiz Marco, ha detallado ante el tribunal en el planteamiento de las cuestiones previas que «no hubo manera» de acceder a las escuchas y que la «limitación» del derecho de defensa se ha debido también a que la opción eran escucharlas en sede judicial, algo que resultaba «imposible» al tratarse de «miles» de grabaciones.
Por ello, ha reclamado a la Sala la nulidad de las resoluciones judiciales que prorrogan las intervenciones telefónicas de Ortiz, así como de las escuchas que dan «base» a las acusaciones y que las defensas «no han podido escuchar» durante la fase de instrucción. «Si la Sala no lo remedia, los acusados soportarán una acusación en base a una prueba que solo ha escuchado el Ministerio Fiscal», ha subrayado Ruiz Marco.
Con ese argumento ha continuado este miércoles en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, el juicio por el supuesto amaño en la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja entre los años 2008 y 2009. Del mismo modo, el resto de defensas de los acusados que han intervenido se han adherido a la petición de nulidad de las escuchas, como ya hicieron en la primera sesión el expresidente del PP en Alicante y de la Diputación José Joaquín Ripoll y los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregory.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre los tres años y medio y los 17 años de cárcel para 13 acusados por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
En su intervención, el letrado de Ortiz ha señalado que a su cliente le piden 17 años de cárcel en base a una «supuesta» prueba que no ha podido «conocer» ni «refutar», al contrario que sí ha hecho el Ministerio Público, por lo que ha alegado una «violación» del derecho la «igualdad de armas». Asimismo, ha insistido en que durante la instrucción solicitaron el acceso, primero a los audios, y al no conseguirlo, a las transcripciones, pero resultó «imposible».
También ha recalcado que se trata de una «indefensión material» porque «si se niegan las copias de los audios se está censurando con carácter material el derecho a la defensa». «La acusación se constituye en base a 172 escuchas, pero si no las escucho, no me puedo defender», ha añadido.
Por todo ello, ha pedido al tribunal que declaren vulnerado el derecho a la defensa de Ortiz, así como vulnerados sus derechos fundamentales, al igual que ha pedido la invalidez de los autos que prorrogan la intervenciones telefónicas del empresario por violación del derecho a la intimidad y del derecho a las comunicaciones.
DILACIONES INDEBIDAS
Para finalizar, ha mencionado también la existencia de dilaciones indebidas debido a que el juicio arranca 14 años después del comienzo de la investigación. «Tengan en cuenta que los acusados escucharán por primera vez en esta sala una grabaciones de hace 14 años», ha zanjado.
Durante el resto de la sesión, los letrados se han adherido a la petición de nulidad de las escuchas y de resoluciones judiciales por vulneración del derecho de defensa de los acusados, y además, se ha hecho referencia a la manipulación de las grabaciones que sustentan las acusaciones. Además, se ha apelado al derecho de proporcionalidad y se ha insistido en que los delitos «no están probados».
La intervención de la abogada de la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente está prevista este jueves para cerrar las exposiciones de las defensas. Según el calendario oficial, el juicio se reanudaría en enero con las declaraciones de los acusados.
