Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas en el municipio de Sabiñánigo (Huesca) ocupar varias viviendas aprovechándose del confinamiento por coronavirus y la imposibilidad de movimiento por parte de sus respectivos propietarios.
Los detenidos son un hombre de 35 años y una mujer de 46. A ambos se les imputan presuntos delitos de usurpación de vivienda, daños, defraudación del fluido eléctrico y desobediencia grave a los agentes de la autoridad.
CONFINAMIENTO DE LOS PROPIETARIOS
La primera actuación policial desarrollada por la Benemérita tuvo lugar el pasado 31 de marzo. Los agentes del cuartel de Sabiñánigo recibieron una llamada por parte de un ciudadano. Este informaba de que tenía una segunda vivienda en la localidad y que un vecino le había avisado de que había gente en su interior.
Una vez recibido el aviso, los agentes se desplazaron al lugar en el que se encuentra la vivienda. A su llegada se procedió a identificar a las personas que se encontraban en su interior, indicándoles de que debían abandonar la vivienda.
Posteriormente, el 4 de abril, el portero de otro edificio de viviendas de la localidad dio un nuevo aviso a la Guardia Civil. En el mismo alertaba de la existencia de daños importantes en las zonas comunes, además de indicar que temía que hubiese ocupas en alguna vivienda del edificio.
El trabajador sospechaba que, ante la imposibilidad de sus legítimos propietarios a desplazarse hasta la vivienda por el confinamiento, hubiese ocupas.
Ante este nuevo aviso, los agentes comprobaron que había sido ocupada de forma ilegal una de las viviendas del edificio. Por ello se procedió a dar aviso al Equipo de Policía Judicial de Jaca, al tener indicios de que podría tratarse de las mismas personas identificadas con anterioridad.
La Policía Judicial de Jaca inició un dispositivo enfocado a la localización de los supuestos autores de los hechos denunciados. Se sospechaba que los delincuentes estaban haciendo uso de varias viviendas para así no levantar sospechas.
ANTECEDENTES POLICIALES
Fruto de la actuación policial, el pasado miércoles 8 de abril se pudo localizar a estas personas en la vía pública. En ese momento se produjo su detención, siendo puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Nº1 de Jaca.
Una vez que tuvo lugar el arresto se comprobó la identidad de los detenidos. Sobre el hombre de 35 años constaban numerosos antecedentes por todo tipo de delitos. Además, tanto él como la mujer, habían sido denunciados hasta en 9 ocasiones desde que se iniciara el confinamiento y las restricciones de movilidad por coronavirus.
Asimismo, en algunas de las infracciones que habían cometido, se pudo comprobar que realizaban desplazamientos de forma conjunta. Por este hecho también han sido imputados por un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad.
Tras su detención y puesta a disposición judicial, la investigación continúa abierta para determinar si son los autores de la ocupación de alguna otra vivienda.
INCUMPLIMIENTO DEL CONFINAMIENTO EN SEMANA SANTA
Desde el pasado miércoles hasta este domingo, la Guardia Civil se ha encargado de controlar las carreras para evitar el incumplimiento del confinamiento en Semana Santa.
Tras realizar controles a más de 375.000 vehículos, se ha sancionado a 5.685 personas. Las sanciones se deben al incumplimiento de las restricciones de movilidad impuestas por el estado de alarma. Estas personas buscaban acudir a segundas residencias y así hacer caso omiso al confinamiento obligado en sus hogares.
El día con mayor número de denuncias fue el miércoles, con un total de 1.444. La jornada con un menor número de ellas fue este domingo, con 797.
Las autoridades eran conscientes de que la llegada de la Semana Santa iba a provocar que muchas personas se viesen en la tentación de saltarse el confinamiento para desplazarse a segundas residencias. Por este motivo, además de los respectivos controles, se hizo hincapié en que los vecinos que detectasen este tipo de actitudes las denunciasen.
EL GOBIERNO FACILITARÁ LA OCUPACIÓN DE VIVIENDAS
Por otro lado, el Gobierno de España ha publicado una orden mediante la cual los propietarios de viviendas vacías podrán recibir ayudas al alquiler a cambio de dejar que sus inmuebles sean ocupados por personas vulnerables. Esta consideración la tienen las víctimas de violencia de género, personas sin hogar o quienes hayan sufrido un desahucio.
La orden publicada este sábado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) así lo recoge. De esta manera se modifica el Real Decreto aprobado por el anterior Gobierno para la regulación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Se encuadra dentro de las medidas aprobadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis del coronavirus.
En dicha orden se establecen ayudas de hasta 600 y 900 euros mensuales; y hasta el total de la renta o el coste de ocupación del inmueble. Los destinatarios de estas ayudas son personas vulnerables que no tengan un inmueble.
En el mismo se obliga a las Comunidades Autónomas así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a poner a disposición de estas personas una vivienda de titularidad pública. Sin embargo, cuando no haya una vivienda de este tipo, está ayuda se aplicará sobre una vivienda que sea adecuada, aunque se trate de una vivienda de titularidad privada.
SIN EXPROPIACIONES
Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se desmiente que este programa de ayudas a personas vulnerables permita la expropiación de viviendas vacías ni de segundas residencias.
Según el departamento dirigido por José Luis Ábalos, de esta manera la Administración podrá ponerse en contacto con un propietario privado que se encuentre dispuesto a alquilar su vivienda. A cambio de hacerlo se le abonará el alquiler de acuerdo a las ayudas establecidas.
De esta manera, los propietarios de inmuebles vacíos podrán cobrar el alquiler que los beneficiarios cobrarán a través de las ayudas al alquiler del Gobierno. Para ello deberán permitir que sus viviendas sean ocupadas por personas que hayan sufrido desahucios, no tengan hogar o sean víctimas de violencia machista.
El objetivo de estas medidas es contar con un mayor parque público de viviendas que estén destinadas al alquiler o la cesión dentro de un uso social.
