El ex ministro socialista Ángel Gabilondo pasa este miércoles 27 de octubre a las 10.00 horas su primer examen ante las Cortes antes de convertirse en el nuevo Defensor del Pueblo. Será ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) encargada de las relaciones con esta institución, que es la primera que debe dar el aval a su candidatura.
Aunque la Cámara baja ha dado un plazo para la inscripción de candidaturas a este cargo –todos los grupos pueden plantear alguna– el único aspirante con posibilidades es el ex ministro y ex portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, ya que su nombre ha sido pactado por PP y PSOE, los dos principales partidos con presencia en el Congreso.
Para superar este primer trámite el candidato ha de recabar el apoyo de la mayoría simple de la comisión, un umbral que Gabilondo superará con creces al contar de partida con los votos de ‘populares’ y socialistas.
Después su candidatura será sometida a votación en el Pleno, que, según fijan las normas de la Cámara Baja deberá convocarse al menos diez días después de que la comisión haga formalmente la propuesta con su nombre.
Esa votación en el Pleno se prevé para el 11 de noviembre, junto con las de los aspirantes para la renovación del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas acordados también por PSOE y PP.
DESPUÉS, LAS ADJUNTAS
Para ser elegido Gabilondo requerirá el apoyo de tres quintas partes de la Cámara, 210 votos que tiene asegurados. Ese resultado debe ratificarse en el Senado en un plazo máximo de 20 días.
Designado el Defensor del Pueblo se reunirá de nuevo la Comisión Mixta Congreso-Senado para otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos que le sean propuestos por aquél. En este caso, PSOE y PP han acordado elegir a la ahora diputada ‘popular’ Teresa Jiménez Becerril, que tendrá que dejar su escaño, como primera adjunta, y a Patricia Bárcena, que era directora del Comité de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Euskadi, como segunda.
Tras este proceso, Gabilondo se convertirá en el séptimo Defensor del Pueblo elegido por las Cortes, en sustitución de Francisco Fernández Marugán, que ejerce este puesto en funciones desde 2017.
La Institución fue creada en 1981 y el primer Defensor, Joaquín Ruiz-Giménez, fue elegido el 28 de diciembre de 1982. Ejerció su cargo durante cinco años y después fue sustituido por su adjunto, Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado, que ocupó esta responsabilidad hasta marzo de 1993.
LA PRIMERA MUJER, EN FUNCIONES
Fue entonces cuando su adjunta, Margarita Retuerto, se convertiría en la primera mujer al frente de la Defensoría, aunque ejerció su cargo en funciones durante un año y nueve meses.
Retuerto ocupó este puesto hasta que se votó en las Cortes a un nuevo Defensor oficial, que sería Fernando Álvarez de Miranda y Torres, que ejerció hasta 1999, dando después el relevo a Enrique Múgica, el Defensor del Pueblo que más tiempo ha ocupado este cargo: desde el 15 de junio de 2000 hasta julio de 2010.
Tras finalizar el mandato del exministro del PSOE, fue su adjunta primera, María Luisa Cava de Llano quien ocupó el cargo de Defensora del Pueblo en funciones. Lo hizo durante más de dos años. Así, no fue hasta el 23 de julio de 2012 cuando la Defensoría fue ocupada por la primera mujer elegida por las Cortes: Soledad Becerril.
Ella lideraría la Institución hasta 2017 y, después, le sustituye Fernández Marugán que, tras ejercer como Defensor en funciones el periodo más largo registrado hasta ahora (cinco años y tres meses), abandonará su puesto para dejar paso a, previsiblemente, Ángel Gabilondo.
DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS
El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas.
Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública española o sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos.
Solo hasta octubre de este año, la Institución ha recibido casi 22.000 quejas de ciudadanos, ha llevado a cabo 140 actuaciones de oficio y ha estudiado 146 peticiones para interponer recurso ante el Tribunal Constitucional.
El presupuesto previsto para la institución en 2022 es de 18,6 millones de euros, lo que supone alrededor de un millón más que en el ejercicio anterior. En cuanto a la retribución de lo altos cargos de esta institución, en 2021 se destinaron 505.700 euros a los sueldos de Defensor, adjunto primero, adjunta segunda y secretario general.
