Eurodiputados españoles han protagonizado este lunes un rifirrafe en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a cuenta de la zona de bajas emisiones de Barcelona, con acusaciones sobre el uso de las instituciones europeas con fines políticos.
La restricción a la circulación para vehículos contaminantes impuesta por el Gobierno de Ada Colau ha llegado a la Eurocámara con una queja de un ciudadano español que ha denunciado que la medida viola los derechos de los ciudadanos y no se basa en los resultados de la ITV, por lo que discrimina a las personas con vehículos más antiguos, independientemente de su nivel de contaminación.
La decisión de la presidenta de Peticiones, la ‘popular’ Dolors Montserrat, de estudiar el caso de la zona de bajas emisiones de Barcelona y de reclamar a Bruselas información sobre las evaluaciones que vaya haciendo ha generado las críticas airadas del PSOE y de los verdes. Montserrat ha aducido que existe un proceso de infracción contra España y que una mayoría de parlamentarios apoya seguir de cerca el caso.
Javi López, eurodiputado del PSC, ha contestado que las medidas de Barcelona están avaladas tanto por la Comisión Europea como por el Parlamento Europeo y ha afeado que el proceso de infracción contra España es «justamente el contrario» y responde a la falta de medidas para mejorar la calidad del aire. «Si usa esto como argumento, no vale», ha señalado, acusando a Montserrat de emplear el reglamento de forma «torticera».
En una tensa sesión, Margrete Auken, diputada verde danesa, ha mostrado su disconformidad con Montserrat, asegurando que los argumentos que acompañaban su decisión eran «débiles» y ha afirmando que estaba motivada políticamente para atacar al Gobierno de Barcelona.
Por su lado, la ‘popular’ española Rosa Estarás ha pedido evaluar si las medidas puestas en marcha en Barcelona son acertadas, añadiendo que el criterio para restringir la circulación es «arbitrario» y no responde a cuestiones ambientales.
Jorge Buxadé, de Vox, ha cargado contra la hipocresía de los parlamentarios asegurando que contaminan más que los ciudadanos de a pie con sus desplazamientos y ha señalado que la «imposición ambiental» constituye una vulneración a los derechos de movilidad y de la propiedad de los europeos.
