La justicia mexicana ha respaldado la necesidad de continuar la investigación en el caso de Ligia (Lily) Ceballos Franco, ciudadana mexicana que podría haber sido un ‘bebé robado’ en España en 1968.
Este lunes, en juicio oral, el juzgado de control revocó la decisión adoptada por la Fiscalía mexicana el pasado 25 de mayo de 2021, que daba por concluida la investigación, entre otros argumentos, por el fallecimiento de los presuntos perpetradores de este delito.
«Es una muy buena noticia que la justicia mexicana tome una decisión que, sin duda, ayudará a Lily a encontrar la verdad sobre quién fue su madre biológica y si fue separada de ella con o sin su consentimiento. Con esta decisión, la justicia mexicana da un paso importante en la lucha contra la impunidad por crímenes de derecho internacional cometidos en España durante el franquismo», ha manifestado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
Amnistía Internacional recuerda, como ya hizo el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que los efectos de este tipo de delitos «solo cesan cuando se descubre la verdad sobre la identidad y se garantiza a las víctimas la posibilidad legal y real de restablecerla, así como sus lazos familiares», extremos que, según la ONG, no se han garantizado aún en este caso y por ello «debe continuarse con la investigación».
Ligia Ceballos ha manifestado que «ha sido muy emotivo conocer la decisión de la jueza». «El proceso de investigación continúa abierto, tener la posibilidad de conocer mis orígenes me supone una gran alegría. Agradezco a Amnistía Internacional y a los asesores legales todos sus esfuerzos por esclarecer la verdad», ha subrayado.
Ceballos, ciudadana mexicana, presentó el 15 de febrero de 2017 una denuncia penal ante la entonces Procuraduría General de la República Mexicana, que, en pocos días, fue admitida a trámite, por presunta desaparición forzada.
Unos años antes de presentar la demanda, Lily descubrió que había nacido en España como María Diana Ortiz Ramírez y que fue entregada en prohijamiento a un matrimonio mexicano que se la llevó a su país, inscribiéndola como hija natural, nacida en México.
Según el padre adoptivo de Ligia, ya fallecido, y otros múltiples testimonios recogidos directamente por Amnistía Internacional, este matrimonio recurrió a las autoridades eclesiásticas del estado de Yucatán, al sur de México, pues no podían tener hijos de forma natural. Así, se habría iniciado una correspondencia entre el entonces arzobispo de Yucatán y el entonces arzobispo de Madrid, según informa AI.
En junio de 1968, el matrimonio viajó a España con el fin de recibir a la niña en adopción. En esas mismas fechas, el secretario particular del arzobispo de Mérida, Ramón Bueno y Bueno, viajó desde México a Madrid. Según el padre de Ligia, miembros del arzobispado les dijeron que les tenían preparado «algo especial, pero aún no ha nacido». Según testimonios de los familiares a Amnistía Internacional, el matrimonio habría pagado la cantidad de 50.000 pesetas por la adopción.
Para Amnistía Internacional, que apoyó la presentación de la denuncia, este caso podía enmarcarse dentro del así denominado «robo de bebés» en España.
A raíz de una petición de auxilio judicial formulada por las autoridades mexicanas, la Fiscalía Provincial de Madrid inició otra investigación que, «pese a su exhaustividad», según Amnistía Internacional, se cerró sin proporcionar certeza sobre el origen de Lily.
Sin embargo, la ONG precisa que, fruto de los esfuerzos de ambos ministerios públicos, Lily ha podido conocer detalles de su pasado que avanzan en la reconstrucción de su propia historia y en la satisfacción de su derecho a conocer su verdadera identidad.
«Con esta última decisión judicial, se continuará con la investigación y se tendrán que aclarar hechos que podrían ser muy relevantes para Lily; entre ellos, corroborar si hubo contacto de la familia adoptiva con el Consulado o embajada estadounidense en España, previo a la escala en Miami del viaje de Lily hasta México; si se expidió un pasaporte para la bebé y a qué nombre», explica la abogada del despacho ‘Mijangos y González Abogados’ que lleva el caso de Lily, Carolina Marrusich Esquivel.
También se podrá determinar, según añade, «si siguen vivos los funcionarios mexicanos que participaron en el ingreso de Lily a México y su posterior inscripción al registro civil con otro nombre; el papel que desempeñaron en este prohijamiento los arzobispos de Mérida y de Madrid, y el sacerdote asesor de este último, entre otros aspectos».
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, ha declarado que desde la organización seguirán «apoyando las acciones que permitan a Lily, y a miles de personas en situación similar, restaurar su derecho a la identidad, a la nacionalidad y al nombre».
En marzo de 2021, Amnistía Internacional hizo pública la investigación, ‘Tiempo de verdad y de justicia’. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados’, en la que denunciaba obstáculos y dificultades para las personas que sospechan haber sido bebés robados o haber sufrido la sustracción de sus hijos e hijas.
Las denuncias y testimonios documentados por la organización engloban a personas que pudieron ser objeto de desaparición forzada, o de sustracción y sustitución de sus identidades desde finales de la Guerra Civil hasta los primeros años de la democracia.
Amnistía Internacional lamenta que, en España, múltiples juzgados han aplicado la prescripción a estas denuncias, lo que en la práctica ha supuesto no llevar a cabo «ni un mínimo intento por proporcionar verdad a las víctimas». Por ello, pide al Estado español que cumpla con las recomendaciones de Naciones Unidas y busque e identifique a quienes podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada o sustitución de su identidad, y lleve a los responsables ante la justicia.
Para la ONG, una oportunidad «histórica» para avanzar en la verdad y la justicia es la Ley sobre Bebés Robados, que se encuentra «paralizada» en el Congreso español desde hace varios meses y no avanza en su tramitación parlamentaria. Amnistía Internacional y familiares de ‘bebés robados’ pidieron hace unos días un impulso decidido a esta ley.
