La defensa del ex ministro Rodrigo Rato ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, del que es titular Antonio Serrano-Arnal, su escrito de defensa, en el que alega que no ha podido tener acceso a documentación de la causa por la que se sentará en el banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios por el presunto origen ilícito de su patrimonio.
Según explican fuentes jurídicas, en ese escrito, cuyo plazo de entrega expiraba este martes, demanda que se le dé acceso a parte de la causa que considera relevante. Alega asimismo indefensión, y nulas garantías ya que aun no se han resuelto recursos que, a su juicio, son importantes y que podrían retrasar la apertura de juicio oral.
La investigación dirigida por el juez instructor concluye que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
LA PETICIÓN DE FISCALÍA
En las pesquisas se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones en esos ejercicios fiscales.
La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel para el exministro. Le acusa de once delitos contra la Hacienda Pública, pide penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.
Rato finalmente no será juzgado por estos dos últimos delitos, según apunta el juez en su auto de apertura de juicio, por lo que Anticorrupción deberá ajustar su petición al final de la vista oral.
LOS FRENTES JUDICIALES DE RATO
ya en septiembre de 2020 el que fuera exvicepresidente económico del Gobierno de Aznar, expresidente de Bankia y expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), conoció la sentencia de la Audiencia Nacional que le absolvía por la salida a Bolsa en 2011 de Bankia, entidad que dirigía en esas fechas.
Previamente a conocer esa absolución, ya fue condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas ‘black’ de la extinta Caja Madrid, una sentencia que fue confirmada en octubre de 2018 por el Tribunal Supremo y que le obligó a entrar en la prisión madrileña de Soto del Real.
La causa que se sigue en los juzgados madrileños comenzó teniendo más de una decena de piezas, la mayoría secretas, por un posible fraude a Hacienda por valor de aproximadamente 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre los años 2004 y 2015. El exvicepresidente siempre ha defendido su inocencia en esta causa y ha arremetido contra la Fiscalía por creer las conclusiones «disparatadas» que hace la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes, a quien ha acusado de hacer una investigación «prospectiva».
Y así lo manifestó también la última vez que Rato compareció ante el juez instructor Antonio Serrano-Arnal el 30 de julio de 2018, cuando negó haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y «está perfectamente justificado y explicado» gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.
En el informe de la UCO incorporado al sumario de esta causa, los investigadores sostienen que Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para «colocar» en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener «sustanciosos contratos de publicidad».
El juez apuntó que dichos contratos se realizaron «por importes excesivos» y cifró en 71.902.822 euros la facturación total proveniente de las empresas privatizadas con las sociedades controladas por Rato.
ACUMULACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS EN UNA SOLA CAUSA
Rato iba a ser juzgado por una primera pieza de esta macrocausa, pues se encontraba desde febrero de 2019 procesado por el presunto cobro de 835.000 euros de comisiones por contratar la publicidad de Bankia con las agencias Publicis y Zenit, por la que la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión.
Sin embargo, unos meses más tarde, en julio, la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente un recurso del Ministerio Público y anuló este procesamiento, que también se dirigía contra otras 11 personas, entre ellas el exconsejero de Bankia José Manuel Fernández Norniella. Asimismo ordenó al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que acumulara todas las piezas que conforman el conocido ‘caso Rato’ para convertirlo en un único proceso.
Los magistrados explicaron en su auto que de este modo se evitarán «pronunciamientos contradictorios» que pueden darse si se juzgan por separado la decena de piezas que había abiertas para esclarecer el origen del patrimonio de Rato.
