La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) denuncia que el auto de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castelló en el que se acepta la medida cautelarísima solicitada por Abogados Cristianos para retirar una serie de guías de temática y perspectiva LGTBI en once institutos públicos de la ciudad y en el Centro de Pi Gros supone una «censura ideológica».
La entidad anuncia en un comunicado que desde sus servicios jurídicos se están estudiando las posibles acciones judiciales dado que entiende que no justifica las medidas cautelares extraordinarias.Según la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil, «se trata de libros LGTBI perfectamente legales y que llevan años en nuestras librerías».
«Además, es una decisión que va en contra del interés superior del menor porque vulnera su derecho al conocimiento. Les quieren vetar el acceso a la información sobre cómo combatir la LGTBIfobia o a obras en las que encontrar referentes, tan necesarios en la adolescencia», ha asegurado.
Para Sangil, este auto pone de manifiesto el «desconocimiento de las realidades LGTBI de los miembros de la judicatura». «Se necesita de manera urgente formar a los miembros del poder judicial en materia de diversidad afectivo-sexual, familiar y de género para que no se sigan produciendo estas decisiones que pueden sentar precedentes peligrosos», ha expuesto.
Por su parte, la presidenta de la entidad de FELGTB de Castelló, Castelló LGTBI, Pastora de Florencio, asegura que ahora «recogiendo todo lo que los discursos de odio están sembrando». «Estos son la antesala de la violencia y generan agresiones, censura y situaciones como las que estamos viviendo estos días en el País Valencià», ha manifestado.
Asimismo, alerta de que «las personas LGTBI hemos sido históricamente discriminadas y encarceladas por el fascismo y guardamos en nuestra memoria histórica la desconfianza fruto de haber sido señaladas durante años. Decisiones judiciales como esta generan una pérdida de confianza en la Judicatura que puede frenar a las víctimas de delitos de odio a la hora de denunciar».
Por su parte, Fran Fernández, coordinador general de Lambda, entidad de FELGTB de Valencia, sostiene que «cuando una jueza toma esta decisión, está privando al alumnado a tener acceso a información veraz y está causando un perjuicio irreparable a sus derechos». «Y es que el derecho a la educación no es de las familias, es del alumnado», asegura.
Asimismo, explica que esta decisión judicial «llega tarde» puesto que Lambda lleva años ofreciendo servicios de asesoramiento en materia de educación en diversidad afectivo sexual, familiar y de género a diversos centros educativos.
