El porcentaje de población española en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) subió 1,1 puntos en 2020, un año marcado por la pandemia de coronavirus, y se situó en el 26,4%, el dato más elevado desde 2017, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra este 17 de octubre.
De este modo, la estadística revela que en 2017, el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social fue del 26,6%; en 2018, bajó al 26,1%; en 2019 fue de un 25,3% y en 2020 ha aumentado al 26,4%.
La tasa AROPE 2020 se construye con tres variables: población en riesgo de pobreza; con baja intensidad en el empleo (ambos referidos a ingresos de 2019); y con carencia material. Analizando, cada una de estas tres variables, de los datos se desprende que la población en riesgo de pobreza aumentó de un 20,7% en 2019 a un 21% en 2020, y la población con carencia material severa también se incrementó, pasando de un 4,7% en 2019 a un 7% en 2020. Mientras, la población con baja intensidad en el empleo descendió de un 10,8% en 2019 a un 9,9% en 2020.
Por grupo de edad, la tasa AROPE de pobreza o exclusión social subió en todos los indicadores. Entre los mayores de 65 años aumentó 4,8 puntos; entre los menores de 16 años subió 1,1 puntos y en el grupo de 16 a 64 años repuntó una décima. Además, un 1,4% de la población estaba a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material severa y con baja intensidad en el empleo.
Según el nivel de formación, la tasa de pobreza y exclusión social se incrementa hasta un 36% entre las personas con bajo nivel educativo (educación primaria o inferior), y disminuye hasta el 13,7% en el caso de aquellas que tienen educación superior.
De los datos también se desprende que tener hijos incrementa el riesgo de pobreza o exclusión social, ya que el 49,1% de las personas que vivían en hogares formados por un adulto con hijos dependientes a cargo se encontraba en esta situación.
Asimismo, la encuesta muestra que tener trabajo disminuye pero no elimina totalmente la posibilidad de encontrarse en situación de vulnerabilidad pues el 15% de los ocupados se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión, un porcentaje similar al de los jubilados (16,7%), que sin embargo se dispara entre los parados hasta el 54,7%.
La encuesta también revela que el ingreso medio por persona, referido a 2019, alcanzó los 12.292 euros, cifra un 5,2% superior a la registrada el año precedente. En este datos, el efecto de la pandemia es nulo, ya que se refiere a una situación previa a la misma, según precisa el INE.
AUMENTA LA CARENCIA MATERIAL
Atendiendo a la carencia material, que es el único de los tres indicadores en el que se pueden ver los efectos de la pandemia, a finales del año 2020 había un 7% de la población española en esta situación, 2,3 puntos más que el año anterior, alcanzándose el dato más elevado desde el año 2014.
Se considera que una persona sufre carencia material severa si se cumplen al menos cuatro de estos nueve elementos: no puede ir de vacaciones al menos una semana al año; no puede comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada; no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 750 euros); ha tenido retrasos en el pago de hipoteca o recibos en los últimos 12 meses; no puede permitirse un coche, un teléfono, un televisor o una lavadora.
En la encuesta, también se preguntan otras cuestiones que describen la situación económica durante la pandemia. Así, el 10% de la población (uno de cada 10) manifestó llegar a fin de mes con «mucha dificultad», 2,2 puntos superior al registrado el año anterior.
Por su parte, el 35,4% no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 33,9% del año 2019; y una de cada tres personas, el 34,4% de la población, no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana del año, un punto más que en 2019.
Por comunidades autónomas, las tasas AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social más elevadas se dieron en Extremadura (38,7%), Canarias (36,3%) y Andalucía (35,1%); y las más bajas, en Navarra (12%) y País Vasco (13,9%). Atendiendo a los indicadores que se refieren a la situación en 2020 y en los que, por tanto, se pueden ver los efectos de la pandemia, Canarias, Andalucía y Extremadura fueron las comunidades con mayores porcentajes de personas que llegaban a fin de mes con «mucha dificultad» en 2020.
DIFICULTADES PARA MÁS DE 3 MILLONES DE PERSONAS
Por otro lado, según el informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2020’ de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) presentado esta semana, la Privación Material Severa, es decir, no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, mantener la vivienda a una temperatura adecuada o no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, ha aumentado casi un 50% en el último año, afectando a 3,3 millones de personas en España, debido al impacto de la pandemia de la Covid-19.
Además, de los datos se desprende que casi 1 de cada 10 niños, niñas y adolescentes españoles sufren privación material severa. También la padecen 1 de cada 7 personas que viven en familias monoparentales; y 1 de cada 4 personas extranjeras provenientes de países que no son de la Unión Europea.
El informe indica, asimismo, que se ha incrementado el porcentaje de personas que llegan con «mucha dificultad» a fin de mes, que pasa del 7,8% al 10% de la población, es decir, 4,7 millones de personas; y la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), que pasa del 25,3% hasta el 26,4% (12,4 millones de personas afectadas).
Respecto a la desigualdad, el estudio señala que la renta del 20% más rico de la población es 5,8 veces más elevada que la del 20% más pobre. En términos europeos, la desigualdad registrada por este indicador para el año 2019, último dato disponible, es la sexta más alta de la Unión Europea, solo inferior a la de Bulgaria, Rumanía, Letonia, Lituania e Italia.
En este contexto, los responsables de la EAPN-ES han advertido de que España tiene «muy difícil» alcanzar las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda 2030 y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, por lo que piden realizar un esfuerzo suplementario para cumplir los objetivos.
Según han precisado, medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el incremento del salario mínimo y otras han contribuido a paliar las consecuencias de la COVID-19, pero han avisado de que sus efectos sobre la pobreza y exclusión social más severas todavía no se ven reflejados.
