La investigación de la pieza separada número 9 de ‘Púnica’ sobre la presunta ‘caja b’ del PP madrileño, que tiene a la ex presidenta regional Esperanza Aguirre como principal imputada, se ha dilatado debido a una ronda de declaraciones ‘in extremis’ que se prolongará hasta el 3 de noviembre, más allá de la fecha límite del 29 de octubre que había fijado la Audiencia Nacional para cerrar las pesquisas y que, inicialmente, no se quería agotar.
Estaba previsto que la instrucción caducara el 29 de julio, pero el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, la prorrogó tres meses, accediendo de esta forma a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que alegó que la Sala de lo Penal aún debía pronunciarse sobre unas últimas diligencias solicitadas por el Ministerio Público y rechazadas por el magistrado.
A pesar de este balón de oxígeno, la idea era no tener que estirar la fase de instrucción hasta el 29 de octubre, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas. Así, los plazos no escritos pasaron del escenario más optimista de agosto –mes inhábil– a septiembre, si bien un auto de la Sala de lo Penal dictado el 13 de septiembre ha obligado a seguir postergando el desenlace de esta pieza separada.
La Sala ordenó al juez instructor que tomara declaración a las nueve personas –siete como imputadas y dos como testigos– que había propuesto el Ministerio Fiscal a fin de «profundizar en los pormenores de la financiación del PP a través de fondos procedentes del ente publico ICM», la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. En consecuencia, García-Castellón acordó una nueva ronda de comparecencias que comenzó el 7 de octubre y se extenderá hasta el 3 de noviembre.
Fuentes jurídicas han apuntado que la investigación de esta rama de ‘Púnica’ no podrá concluir al menos hasta escuchar a estas nueve personas, por lo que habrá que seguir esperando para despejar una de las principales incógnitas: si Esperanza Aguirre será procesada por estos hechos, resultado hacia el que parecía inclinarse la balanza en los albores del pasado agosto.
LA AGENDA DE GRANADOS
La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de ‘Púnica’ por cuanto García-Castellón intenta determinar si existió una ‘caja b’ en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la ‘Púnica’, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.
En el primer golpe de la ‘Operación Púnica’, ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.
De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones ‘a dedo’ y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.
El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.
LAS REVELACIONES DE ‘EL RATA’
La última pieza, la 13, se abrió el pasado mes de mayo, dando lugar a un conflicto entre fiscales y juez que está pendiente de lo que resuelva la Sala de lo Penal, por lo que también podría afectar a los tiempos de la instrucción.
El magistrado creyó necesario investigar aparte las revelaciones hechas desde la cárcel por el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias ‘El Rata’, sobre «una presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado de Puerta Toledo», dependiente de la empresa pública IMADE.
Ortega señaló hasta 13 facturas emitidas por SWAT entre 2006 y 2009 contra el Mercado Puerta de Toledo «por trabajos aparentemente ficticios» –registrados como relaciones públicas, mantenimiento o pintura– que sumarían un total de 832.560 euros. Y habló también de facturas infladas emitidas por el mercado hacia IMADE.
Si bien el instructor vio un «salto considerable» en los hechos destapados por Ortega, Anticorrupción defendió que forman parte de la línea de investigación de la pieza 9, por lo que impugnó la apertura de la 13, un recurso aún sin respuesta.
