Las patronales CEOE y Cepyme han denunciado que «en ningún momento» se les ha hecho partícipes de la negociación de un nuevo ingreso mínimo vital puente y que esta iniciativa no se ha sometido a discusión en el diálogo social.
En un comunicado, ambas patronales salen así al paso de las informaciones que han trascendido al respecto y que apuntaban al respaldo por parte de CEOE y Cepyme a esta iniciativa.
«Ante la posibilidad de que el Gobierno apruebe próximamente un nuevo ingreso mínimo vital, desde CEOE y Cepyme queremos aclarar que, al tiempo que compartimos que ningún ciudadano puede quedar desatendido en esta crisis económica sobrevenida por la pandemia del Covid-19, en ningún momento se nos ha hecho partícipes de la negociación de tal iniciativa, ni se ha sometido a su discusión en el diálogo social, tal y como ha trascendido en medios de comunicación y redes sociales», señalan en la nota conjunta.
Las organizaciones que lideran Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva afirman que en estos momentos, «ante la manipulación interesada y la deslealtad al diálogo social y a los empresarios españoles, nos sentimos presionados para que demos apoyo a una propuesta de partido, que nada tiene que ver con un acuerdo consensuado en lo que debería ser el cauce habitual con los interlocutores sociales, que formamos parte de la mesa de diálogo y que siempre hemos estado de acuerdo en no dejar a nadie atrás en esta crisis».
En estas condiciones, anuncian que «se hace imposible» participar mañana viernes, 10 de abril, en la reunión a la que han sido convocados por el Ministerio de Trabajo.
Por contra, y dado que aseguran que su empeño también está enfocado «en sostener el bienestar del conjunto de la sociedad», instan a que Trabajo abone ya las prestaciones que corresponden a las personas que han perdido su empleo o se han visto afectadas por un ERTE por culpa del Covid-19, y para que los autónomos, que siguen confinados sin poder trabajar y que han solicitado la prestación por cese de actividad, la cobren con la mayor celeridad.
El Gobierno ha planteado a sindicatos y ONG la puesta en marcha de forma urgente una renta mínima vital provisional que proteja a las personas más vulnerables y que denomina como ‘ingreso mínimo vital (IVM) puente’ hasta que pueda articularse una medida permanente, según ha asegurado en un comunicado la Vicepresidencia de Derechos Sociales y para la Agenda 2030.
Fuentes del Ejecutivo han explicado a Europa Press que se trata de una ayuda de 500 euros. Los requisitos para acceder a la misma serían ingresos por debajo de 200 euros mensuales por individuo o que la renta del hogar este por debajo de los 450 euros de media por miembro.
