UGT ha trasladado al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, su rechazo a la decisión del Gobierno de reactivar las portabilidades que no requieran desplazamientos físicos ni de los clientes ni de los profesionales que trabajen para las operadoras, ya que esta flexibilización de la prohibición pone en riesgo a los trabajadores del sector.
En una carta, el secretario federal de UGT Sector Comunicaciones,Medios de Comunicación y Cultura, José Alfredo Mesa, señala que no comparten las modificaciones sobre la suspensión de las portabilidades recogidas en Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, para permitir aquellas que no supongan el desplazamientos ni de los usuarios ni de los profesionales de las compañías.
«Sin ánimo de ser exhaustivos, pero sí transparentes, queremos hacerle llegar que no podemos compartir la posibilidad, tal y como hace el RD-Ley 11/2020, de reabrir las campañas masivas de contratación de clientes, aunque se limiten normativamente a ciertas operaciones que no conlleven desplazamientos», resalta.
Entre los motivos, señala que el regreso a la dinámica competitiva sectorial no puede priorizarse sobre la seguridad y salud de los trabajadores y advierte de que la apertura de estas campañas conllevará la «reapertura masiva» de los centros de llamadas, lo que inevitablemente supondrá un riesgo físico y sanitario para los empleados incompatible con las restricciones de movilidad recientemente reforzadas.
«Cada día este sindicato detecta y denuncia como estos centros de llamadas incumplen reiteradamente las más mínimas normas de seguridad y prevención ante la pandemia. No se trata solo de una posibilidad o de un riesgo, sino de una circunstancia que se demuestra todos los días, en diferentes provincias y centros de trabajo», asegura.
Asimismo, la formación sindical resalta que la limitación al máximo de desplazamientos es incompatible con la posibilidad de llevar la tarjeta SIM al domicilio del clientes, ya que no se trata de «una cuestión urgente, inaplazable ni vital».
Por otro lado, recuerda los precedentes registrados en torno a las disputas por la gestión de las portabilidades, «de los que da buena cuenta el registro de la CNMC», e incide en que las multas por comportamientos fuera de norma, operaciones ilegítimas o contrataciones irregulares «han sido, y aún hoy lo son, constantes».
El sindicato considera que es necesario ponderar los posibles beneficios y perjuicios, como migraciones fallidas, incomunicaciones, portabilidades extraviadas o inconclusas, en un entorno de Estado de Alarma, con la población afectada confinada en sus casas y arriesgando la salud de los operarios. «En resumen: un elevado riesgo para muy poco beneficio», afirma.
