La Abogacía del Estado ha criticado al magistrado que investiga la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por consentir un «juicio paralelo» a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y su exjefe de gabinete Camilo Villano a través de presuntas filtraciones a la prensa.
En un recurso de apelación de 29 de septiembre, los servicios jurídicos del Estado han asegurado que se está llevando a cabo «la vulneración del derecho fundamental de los investigados a un proceso con todas las garantías» a través de la «pública difusión, parcial e interesada, de diligencias sumariales» por parte de la acusación particular, ejercida por el abogado Antonio Urdiales, y «con el consentimiento o beneplácito del magistrado instructor», que «ante los hechos denunciados nada ha acordado».
Es la segunda vez que la Abogacía reclama que se investiguen presuntas filtraciones. El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ya desestimó la petición en un auto de 17 de septiembre. En aquella ocasión, rechazó la solicitud al considerar que no había elementos que demostrasen dicha práctica por parte de la acusación particular.
El magistrado entonces recordó que «el efecto expansivo de la libertad de información frente al secreto sumarial se demuestra claramente con la reforma habida en el año 2015, cuando varió la calificación de actuaciones ‘secretas’ a ‘reservadas».
La Abogacía ha calificado de «amplia y laxa» la interpretación del juez. «A nuestro juicio, ese carácter reservado no sólo obedece a proteger el buen funcionamiento del procedimiento, sino que sobre todo está vinculado a la protección de la presunción de inocencia de los investigados», han señalado los servicios jurídicos.
En este sentido, la defensa de González Laya y Villarino ha defendido que «las continuas filtraciones a la prensa, de manera parcial y tergiversada además, así como las filtraciones de vídeos con declaraciones de los investigados y testigos, constituye un inadmisible juicio paralelo que fue rechazado por la doctrina del Tribunal Constitucional».
PIDE NUEVAMENTE APARTAR A LAS ACUSACIONES
En el mismo escrito, la Abogacía ha insistido en su petición de apartar a la acusación particular y a los denunciantes de la causa o, en su defecto, reclamarles una fianza de 150.000 euros, después de que el juez lo desestimara el pasado 17 de septiembre.
Los servicios jurídicos han subrayado nuevamente que «no cabe duda» de que el escrito por el que se inicia el procedimiento es una denuncia y «ha de exigirse querella en forma y fianza».
DECLARACIÓN DE LA EXMINISTRA
El recurso presentado por la Abogacía tiene lugar en el marco de la citación como investigada de la exministra González Laya, quien deberá acudir presencialmente el lunes 4 de octubre a las 13.00 horas al juzgado de Zaragoza.
El juez rechazó la petición de la defensa para que la extitular de Exteriores compareciera vía vídeoconferencia al considerar que la solicitud se basó en una «alusión genérica a los compromisos profesionales» de la exministra «sin una mínima acreditación», según consta en el auto de 29 de septiembre.
