EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), el supervisor federal de la banca nacional en EE. UU., concluye en un informe que las nueve mayores entidades del país aplicaron entre 2020 y septiembre de 2025 políticas que restringieron el acceso a servicios financieros por motivos ideológicos, religiosos o de sector.
- ¿Quién está detrás? La investigación responde a la orden ejecutiva de Donald Trump sobre acceso equitativo a la banca y cita por su nombre a Citibank, TD Bank y Capital One.
- ¿Qué impacto tiene? Abre la puerta a sanciones y a cambios normativos, y obliga a la banca extranjera con presencia en el país —Santander y BBVA incluidas— a revisar sus protocolos de riesgo reputacional.
El de-banking ya tiene acta oficial en Washington: la OCC confirma que nueve grandes bancos de EE. UU. cerraron cuentas por ideología o religión.
La Oficina del Contralor de la Moneda (Office of the Comptroller of the Currency, el supervisor federal que vigila a los bancos nacionales del país) publicó esta semana un informe que revisa las prácticas de las nueve mayores entidades entre 2020 y septiembre de 2025. La conclusión es incómoda para el sector: todas aplicaron políticas que restringían el acceso a servicios financieros por las creencias del cliente, su actividad empresarial o el sector al que pertenecía.
El documento responde a una orden ejecutiva (decreto presidencial que no requiere aprobación del Congreso) con la que Donald Trump declaró el acceso a la banca como un derecho garantizado para todos los americanos. La OCC identifica dos categorías de riesgo ‘elevado’: las prácticas de riesgo reputacional —cerrar cuentas para evitar un daño de imagen— y las prácticas específicas por sector, es decir, vetos a industrias enteras al margen de cualquier criterio financiero.
Armas, carbón, tabaco y campañas: los casos que sostienen el expediente
Los ejemplos concretos son los que dan cuerpo al informe. En febrero de 2021, un procesador de pagos propiedad de uno de esos bancos cerró la cuenta de un comerciante que vendía productos de Make America Great Again. Dos años después, otra entidad se negó a prestar servicios a una organización educativa por respaldar exclusivamente a candidatos del Partido Demócrata. El sesgo, según el supervisor, operó en las dos direcciones del arco político.
El informe cita por su nombre a Citibank, que aplicó una política de riesgo ambiental y social para limitar relaciones comerciales con clientes que no cumplieran sus estándares en materia de armas, con topes a la venta de cargadores de alta capacidad y restricciones a la compraventa a menores de 21 años; a TD Bank, que en febrero de 2021 revisó una solicitud de préstamo del programa de ayuda a pymes por los comentarios públicos sobre inmigrantes de la organización solicitante; y a Capital One, que marcó a una organización religiosa por su posición sobre el aborto, los derechos LGTB y sus vínculos con el mundo conservador.
La pregunta que deja el informe no es financiera, sino constitucional: quién decide en Estados Unidos quién puede tener una cuenta bancaria.
Las industrias más golpeadas por esas políticas fueron las armas, el petróleo y el gas, la minería del carbón, las prisiones privadas y el tabaco. La OCC propone cambios en tres frentes: reformar el proceso de quejas de los clientes, forzar más transparencia en los motivos de cierre y redefinir qué se considera de-banking politizado o ilegal.
Qué significa para Santander, BBVA y la banca española en EE. UU.
El perímetro de la investigación son las nueve mayores entidades del país, un club en el que Santander tiene presencia relevante a través de Santander Bank y Santander Consumer USA, mientras que BBVA mantiene actividad institucional y de inversión en Nueva York tras vender su filial minorista BBVA USA a PNC en 2021. Los departamentos de cumplimiento con sede en Madrid llevan meses adaptando manuales a un criterio que ya no es el de 2019.
No es un problema de tamaño, sino de doctrina. Las matrices europeas operan en EE. UU. con las mismas plantillas de riesgo reputacional que la OCC ha puesto bajo la lupa: listas internas de sectores vetados, evaluaciones de imagen de marca, filtros de opinión pública sobre el cliente. Esas plantillas se escribieron en Bruselas y en Madrid y se aplicaron en Estados Unidos. La letra pequeña importa.
El efecto llega a España por la vía de la reciprocidad normativa. Si Washington endurece el criterio sobre el cierre de cuentas, las filiales americanas de la banca española tendrán que justificar cada decisión con expediente documental. En el mercado doméstico, el cierre unilateral sin explicación sigue siendo uno de los motivos recurrentes de reclamación ante el Banco de España. Eso lo cambia todo.
La Lógica de Washington
¿Qué problema intenta resolver la Casa Blanca? Uno concreto y con electorado detrás: comerciantes de material de tiro, pequeños empresarios del sector energético, organizaciones religiosas y vendedores de productos de campaña que vieron cerrar sus cuentas después de 2021. Ese bloque forma parte de la coalición que sostiene a Trump, y la orden ejecutiva convirtió una queja difusa en política pública: el acceso a la banca como derecho, no como favor comercial.
El precedente que se cita en los despachos no es nuevo. Entre 2013 y 2017, la Operación Choke Point del Departamento de Justicia presionó a la banca para que rompiera lazos con industrias consideradas indeseables —casas de empeño, prestamistas de día de pago, vendedores de armas— sin una ley que lo prohibiera. Aquella práctica se desmontó en 2017 y dejó una pregunta abierta: si un banco puede negar una cuenta por imagen de marca, ¿quién fija el límite? La propia OCC aprobó en enero de 2021 una regla de acceso justo que dejó sin efecto meses después. Ahora vuelve por la vía del informe.
Para España, la lectura es de cumplimiento, no de titular. El coste no está en la multa, está en el expediente que hay que escribir para evitarla. Y queda una incógnita honesta: un criterio administrativo puede revertirse con el próximo supervisor, igual que se revirtió la regla de 2021. Los próximos hitos son la respuesta formal de las nueve entidades, el periodo de comentarios públicos sobre el proceso de quejas y las primeras decisiones de sanción, si llegan. En paralelo, la Reserva Federal y la FDIC (el fondo de garantía de depósitos, supervisor de la banca estatal) tendrán que decidir si acompañan el criterio de la OCC o lo dejan encerrado en el perímetro de la banca nacional. Washington no pide permiso.
Ficha del Caso
- El caso: La OCC revisa si las nueve mayores entidades de EE. UU. limitaron el acceso a servicios financieros por ideología, religión o sector entre 2020 y septiembre de 2025, en aplicación de la orden ejecutiva de Trump sobre acceso equitativo a la banca.
- Datos clave: Nueve entidades investigadas; dos categorías de riesgo señaladas (riesgo reputacional y vetos por sector); Citibank, TD Bank y Capital One citados por su nombre; caso documentado desde febrero de 2021 hasta febrero de 2023. La OCC propone reformar el proceso de quejas, elevar la transparencia y redefinir el de-banking ilegal.
- Para España: Santander y BBVA operan en el mercado americano con protocolos de riesgo reputacional importados de Europa. Un estándar más estricto obligará a documentar cada cierre de cuenta, elevará el coste de cumplimiento y marcará la pauta que la banca española replicará después en su mercado doméstico.
