El sur de Madrid respira un aire diferente esta primavera. Tras décadas de una batalla incansable, la controvertida fundición Corrugados Getafe, señalada por vecinos y autoridades como una fuente de contaminación y riesgos para la salud, anunció su cierre definitivo hace unas semanas. Una victoria para la Plataforma de Afectados por Corrugados, pero un duro golpe para los 152 empleados que ahora se enfrentan a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Ubicada a escasos 300 metros de los barrios de Juan de la Cierva y Los Molinos, Corrugados Getafe ha sido durante años el epicentro de un conflicto ambiental y social. La Plataforma de Afectados por Corrugados, incansable en su denuncia, puso el foco en las presuntas emisiones ilegales, los olores insalubres y las misteriosas explosiones nocturnas que, según reportes, eran una constante.
Las alarmas se dispararon en 2022, cuando los vecinos de Los Molinos comenzaron a encontrar «restos de material férrico» en sus viviendas y, lo más preocupante, en el patio del colegio «Miguel de Cervantes». Estas «partículas férricas, altamente tóxicas» generaron una honda preocupación por la salud de los residentes. La empresa, por su parte, negaba categóricamente el uso de plomo o cualquier otro material cancerígeno en su proceso de fabricación.
Sin embargo, las sospechas se confirmaron. Un demoledor informe de la Fiscalía de Medio Ambiente, emitido el año pasado, reveló que entre 2017 y 2021, la fundición superó con creces los niveles permitidos de partículas suspendidas PM10, dióxido de nitrógeno y ruidos. Las emisiones de níquel y, especialmente, de dióxido de nitrógeno, eran alarmantes.
El informe señalaba que, entre 2020 y 2021, los niveles de dióxido de nitrógeno en la zona de viviendas de Camino Viejo de Pinto llegaron a multiplicar por tres el máximo permitido. Apenas el pasado mes de febrero, los vecinos volvieron a denunciar «emisiones difusas», escapes de humo por zonas no habilitadas, lo que llevó a la Plataforma a poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil por un posible delito medioambiental. En definitiva, la lucha vecinal que destapó esta desgracia para la salud.
INCOGNITAS QUE SURGEN TRAS EL CIERRE
A pesar del anuncio de cierre, la Plataforma de Afectados no baja la guardia. Los vecinos exigen respuestas sobre las «grandes incógnitas» que, aseguran, ninguna administración ha querido aclarar. «Queremos saber qué hemos respirado durante tantos años cuando salía humo naranja por los portones o qué pasó en los accidentes», cuestionan, haciendo referencia a incidentes como el de 2021, que dejó un trabajador gravemente herido, o el de 2023, cuando la empresa tuvo que reconocer la liberación de radiactividad.
«El cierre no va a ser el olvido», sentencian los vecinos, reiterando su demanda de acceso a la información real sobre el impacto de la fundición en su comunidad. El objetivo es bastante claro, averiguar cuantos afectados reales tuvo la actividad de la citada fundición y el número real de víctimas que tuvo.
CIERRE DE LA FUNDICIÓN Y 152 TRABAJADORES AL PARO
Con estas circunstancias el Grupo Industrial CL, propietario de Corrugados Getafe desde hace cinco años, confirmó el cierre en un comunicado a sus trabajadores. Este proceso, que implica la «extinción de la actividad» en la planta, ha puesto en marcha un ERE que afectará a 152 familias.
La empresa justificó su decisión a principios del mes pasado en tres factores clave: la creciente presión vecinal, el endurecimiento de la normativa legal en la Comunidad de Madrid, y las políticas arancelarias de Estados Unidos. En cuanto a la presión vecinal, Corrugados reconoce el impacto del crecimiento demográfico de Getafe, que ha acercado las viviendas a la fábrica, a diferencia de los años 60, cuando la fundición inició su andadura.
El «endurecimiento legal» por parte de la Comunidad de Madrid, impulsado por las quejas de la plataforma vecinal, Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento de Getafe, así como una batalla judicial en curso, también ha sido un factor determinante.
Mientras la empresa está desmantelando la planta después de más de 75 años de historia, los empleados de Corrugados Getafe se preguntan sobre su futuro. La incertidumbre sobre una «transición justa» y la falta de alternativas laborales viables son la otra cara de esta noticia, que si bien alivia a una comunidad, deja en la cuerda floja a más de un centenar de familias.
Queda la incógnita de que medidas se tomarán para asegurar una reubicación y un futuro digno para los trabajadores afectados por este cierre. Ellos también son víctimas de esta caso que enveneno el aire de Getafe.
