Cada día, las cajas de los supermercados en España han incorporado una nueva práctica que se ha normalizado casi sin darnos cuenta: las campañas de donación solidaria por redondeo de céntimos o aportaciones espontáneas en el momento de pagar. En medio de la rutina de la compra, la OCU, la reconocida organización de consumidores, ha puesto el foco sobre este tipo de iniciativas que, bajo el pretexto de la solidaridad, podrían estar escondiendo prácticas poco transparentes y, en muchos casos, ventajosas para las propias empresas. Lo que parece una sencilla invitación a apoyar una causa noble puede transformarse en una trampa perfectamente legal pero, a la vez, muy lejos de la transparencia que cabría esperar de quienes gestionan nuestro dinero.
La realidad es que, en el fragor del día a día, pocos se paran a analizar qué ocurre realmente con esos céntimos donados o si el beneficio recae íntegramente donde se nos promete. Lo más preocupante es que, según la OCU, muchas de estas campañas encubren una falta de claridad para el consumidor y, sobre todo, escasos controles sobre el destino final del dinero recaudado. Mientras tanto, las grandes superficies aprovechan el gesto solidario para mejorar su imagen y, en algunos casos, incluso obtener beneficios fiscales, todo ello sin que dicha información se comparta abiertamente con el cliente.
2BENEFICIOS FISCALES Y FALTA DE TRANSPARENCIA: EL DOBLE JUEGO
Lo que pocas personas saben es que muchas de estas campañas, además de recaudar fondos con la complicidad del cliente, generan jugosos beneficios fiscales a las empresas. La OCU señala que algunas cadenas se benefician no solo de la buena imagen proyectada por su «responsabilidad social», sino también de deducciones que la ley prevé para donaciones a entidades solidarias. Sin embargo, ese incentivo rara vez se comparte con quienes han sido los verdaderos donantes: los propios clientes.
El detalle importante es que, muchas veces, el consumidor dona pensando que su aportación va directamente a la causa y desconoce que la empresa presentará todo el importe recaudado como si fuese una donación propia. Esto comporta que, según la OCU, quien realmente obtiene dicho beneficio fiscal es la empresa intermediaria, mientras el cliente, que ha sido el auténtico donante, queda excluido de cualquier deducción fiscal o reconocimiento. Sin esa información clara, el sistema se convierte en un «gancho» que no siempre cumple con la ética ni con la transparencia esperadas.
