La Justicia ha dado carpetazo a la causa contra Nacho Cano, un sobreseimiento esperado dado que los becarios contratados para la obra ‘Malinche’ en México no formaban parte del elenco estructural del espectáculo en España, como sostuvo el artista y director desde el inicio. La Sección Primera de Madrid archiva la causa de forma temporal, pero Nacho Cano y sus becarios denunciaron el trato vejatorio y las coacciones en la Comisaría de Leganitos, por el que fueron imputados dos policías. «El caso Nacho Cano no está cerrado», según apuntan fuentes judiciales a Moncloa.
Tras la detención e interrogatorio en la Comisaría de Leganitos, el artista denunció públicamente la actuación policial, especialmente contra el mando de la Comisaría de Leganitos, de quien aseguró que tenía una relación de amistad con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Nacho Cano se acogió a los acuerdos firmados con México para desarrollar un sistema de becas para que los artistas mexicanos pudieran realizar las prácticas en España con el objetivo de aprender la obra para después poderla realizar, esta vez como trabajadores, en México. Para ello, se firmó el convenio con la escuela de enseñanzas artísticas privadas Jana. En virtud de este acuerdo, los artistas mexicanos se formaban para entrar en el elenco de Malinche en México. La denuncia ante la Inspección de Trabajo se centró en la llegada de estos estudiantes, a pesar de que no necesitan ningún tipo de visado de estudios debido al acuerdo firmado con la UE en 2018.
NACHO CANO CONTRATÓ A LOS BECARIOS SIN COMETER IRREGULARIDADES
No obstante, la Inspección de Trabajo deja claro hasta en dos escritos que no hubo irregularidad alguna en la contratación de becarios, que tenían el alojamiento y la comida abonadas, así como la oferta de trabajo una vez se activara Malinche en su país natal. Para Nacho Cano era una operativa perfecta, formaba a sus propios actores y estos aprendían de uno de los mejores en la escena del espectáculo. No obstante, todo se torció con la polémica actuación policial, agentes de la Comisaría de Centro, que exigieron una rápida actuación, pero sin proporcionar todos los datos y detalles a la Inspección de Trabajo.
En este caso los estudiantes mexicanos llegaron a Madrid entre diciembre de 2023 y enero de 2024 se presentaron las solicitudes de estancia por estudios en la Escuela JANA que fueron registradas en la Delegación de Gobierno, cumpliendo los requisitos de plazo con la
documentación correspondiente. «Se denegó la solicitud en base a considerar que no ha quedado acreditado que los estudios objeto de solicitud conduzcan a la obtención de un título o
certificado de estudios al considerar que la escuela JANA no es reglada ni homologada, lo cual contradice el artículo 37.1 del Reglamento de Extranjería que no exige que la formación sea
reglada u homologada», señala el auto de sobreseimiento.
«Contra dichas resoluciones se interpusieron recursos de reposición y ante los Juzgados Contencioso Administrativos, quedando en suspenso la salida de solicitantes que de otro lado no se había acordado en la vía administrativa y que en caso de ser denegada la estancia debería retrotraerse a diciembre de 2023», añade.
Asimismo, la Audiencia Provincial de Madrid señala que la Fiscalía quiso continuar con el caso a pesar de la «explicación razonable» que impide continuar con la causa. «De lo actuado se desprende una falta de indicios raciones suficientes de comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y de los extranjeros», con independencia de que cumplan o no los requisitos administrativos a valorar en otra jurisdicción, lo cual es ya entrar «casi en una investigación prospectiva» que no corresponde al Juzgado.
LAS PRESUNTAS COACCIONES DE DOS POLICÍAS
De hecho, ninguno de los 17 becarios traídos desde México incumplió ley alguna, ni ellos, ni quien los contrató. De hecho, la jueza ha unido todas las piezas, exigiendo dictámenes con detalles y una investigación profunda a la subinspectora, que no llegó a realizar las pesquisas completas. Con los indicios preliminares, pero no completos, la Policía Nacional detuvo a Nacho Cano a primeros de julio de 2024.
La acusación contra Nacho Cano se centró en un supuesto caso de trata de seres humanos, falsos estudiantes que actuarían en el musical con el fin de ahorrarse plazos, trámites administrativos y costes a la Seguridad Social y Hacienda. Según las pesquisas policiales, la realidad era una relación contractual, a pesar de que sería un conclusión más propia de la Inspección que de los agentes de la Policía Nacional.
De esta forma, Nacho Cano mantiene no solo su querella contra los dos agentes imputados en el caso, sino también que se reserva su derecho a querellarse contra los mandos de los propios agentes, especialmente contra el comisario de Leganitos. Según afirmó, «estuvieron acosando a estos chicos» durante once horas, tratando de sacar «información negativa de ellos hacia mí», afirmó en un vídeo como respuesta al archivo de su causa.
«Sabe que está mal, y no sé qué nivel de involucración tiene en la orquestación de todo esto. Pero lo averiguaré», afirmó Cano, dispuesto a llegar hasta el final. Por ahora, su denuncia contra la jueza de instrucción se ha archivado al no haber indicios de irregularidades. Alberto Carba, comisario de Leganitos, interpuso una querella por injurias.
