El imputado Álvaro García Ortiz ha avivado la guerra en la Fiscalía con su propuesta para nombrar a Emilio Sánchez Ulled, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -cercana a La Moncloa- para ocupar la Fiscalía de Sala de Delitos contra la Administración Pública, un departamento de nueva creación y que se solapa directamente con la Fiscalía Anticorrupción. Los delitos de esta Fiscalía, además, podría hacerse con los casos Begoña Gómez y del hermano de Pedro Sánchez, así como en el caso Hidrocarburos, donde están salpicados varios miembros del Ejecutivo. Asimismo, también se ha propuesto el nombramiento para la Fiscalía de Delitos Económicos, con Fernando Rodríguez Rey al frente.
La propuesta del investigado fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos se ha votado en el Consejo Fiscal, donde la mayoría de los fiscales se ha abstenido al considerar que esta nueva plaza no es necesaria y choca frontalmente con la labor de la Fiscalía Anticorrupción. Esta mayoría, que se ha abstenido de votar, considera poco ético el movimiento de García Ortiz, más cuando estará al frente de su propio caso por el que está siendo investigado por el Tribunal Supremo.
SÁNCHEZ ULLED, DE ‘ENTERRAR’ A ARTUR MAS A ABRAZAR A GARCÍA ORTIZ
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, pidió por carta una reconsideración para suprimir del orden del día el nombramiento de Sánchez Ulled, pero el fiscal general del Estado ha seguido adelante con sus planes. De los doce miembros, siete han preferido evitar el voto -seis miembros de la AF y la vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que se ha querellado contra el fiscal general-, mientras la Unión Progresista de Fiscales avala el nombramiento.
Emilio Sánchez Ulled es consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas, un fiscal con experiencia y que fue delegado de la Fiscalía Anticorrupción. Entre sus casos más sonados está el caso Palau y el referéndum ilegal de Artur Mas, que acabó inhabilitado.
EL IMPUTADO GARCÍA ORTIZ MUEVE FICHA EN LA FISCALÍA
Según el Gobierno, se trata de un complemento a Anticorrupción, pero la realidad es que esta nueva área fijará los criterios de los delitos que se imputan a García Ortiz. Así las cosas, se invadirán competencias de Anticorrupción y se solaparán en numerosos casos que afectan especialmente a funcionarios públicos.
Para la AF, estos dos departamentos no tienen justificación, más cuando será el propio García Ortiz quien deberá hacerse de los casos tras una valoración de los mismos. En este sentido, será su opinión la que designe el caso a Anticorrupción o a la Sala de Delitos contra la Administración Pública. En este sentido, se acusa a García Ortiz de no ser imparcial ni neutral.
Rodríguez Rey, por su parte, es un viejo conocido en la Fiscalía, especialmente por sus ascensos y movimientos con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Fue fiscal de delitos económicos y de anticorrupcion, miembro de la UPF y estuvo en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, por donde transcurren todos los asuntos de trascendencia jurídica.
Dolores Delgado, exfiscal general del Estado, llegó a reconocerle su prestigio y virtudes profesionales, así como su «gran capacidad de trabajo, dedicación y formación jurídica».
LA IMPUTACIÓN DE GARCÍA ORTIZ, CON BORRADO DE MÓVIL INCLUIDO
Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado (FGE) comunicó telefónicamente hasta en 9 ocasiones con al menos dos personas no identificados por la UCO tras la filtración de los correos de Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El dato consta en el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a petición del juez del Supremo que instruye la causa por revelación de secretos contra García Ortiz y otros dos fiscales. La UCO informó al Supremo de que tras la filtración y la noticia sobre los mails entre el abogado de González Amador y el fiscal Anticorrupción Julián Salto el día 12 de marzo a las 6 de la mañana, la primera llamada que efectuó García Ortiz fue a un número de teléfono «propiedad de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, que es un órgano directivo del Ministerio de Hacienda, adscrito a la Subsecretaría. El usuario del mismo no ha podido ser identificado». Lo hizo hasta en 9 ocasiones a dos números de teléfono cuya titularidad no ha podido confirmar la UCO, aunque MONCLOA ha podido constatar al menos la titularidad de uno de esos números de teléfono.
La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación es la unidad dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, que dirige y gestiona el sistema estatal de contratación centralizada. Dicho de manera más fácil, es quien provee de teléfonos móviles a todos los altos cargos y cargos medios de la Administración General del Estado, no sólo necesariamente a los de Hacienda.
