La juez Nuria Ruiz, del juzgado de instrucción 3 de Catarroja que investiga la DANA de Valencia del pasado 29 de octubre que dejó 225 muertos tras su paso, ha reclamado al director general de Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, nuevos datos sobre «si los recursos puestos a disposición para la vigilancia del Barranco del Poyo vigilancia efectuada en el Barranco del Poyo (…) fueron utilizados y en qué momento cesó la utilización de dichos efectivos».
La magistrada cita en la misma providencia a 11 trabajadores de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y del 112 como testigos.
La petición responde a un informe previo solicitado por el juzgado el 31 de marzo sobre este mismo asunto.
En aquel documento, remitido al juzgado por Luis Gomis Ferraz el 4 de abril de 2025, director general del Medio Natural y Animal de la Consejería de Medio Ambiente, se explicaba que «el día 29 de octubre de 2024, a las 11:30h por mi persona se remite nota interna a los Servicios Territoriales de medio ambiente de Alicante, Castellón y Valencia en el que se establece una instrucción a través de la cual se determina las actuaciones que han de efectuar, u omitir los agentes medioambientales dependientes de la dirección general de medio natural y animal, y concretamente en las zonas donde se había establecido la preemergencia de color naranja o superior (…)».
Además, con la llegada de la DANA, «se instó a que los agentes que estuvieran de turno no realizaran su trabajo en el medio natural y en caso que las condiciones lo permitieran, dichos agentes acudieran a la oficina de demarcación y en caso de que dichas condiciones no permitieran acceder a dichas oficinas procedieran a realizar su trabajo en instalaciones seguras concretándolas estas en oficinas de parques, ayuntamientos o desde su domicilio, con la obligación en todo caso de que dichos agentes avisaran al jefe de comarca de su ubicación».
DESPLAZAMIENTOS CON LA DANA
Gomis también informaba de que «los desplazamientos debían ser todos por carreteras primando en todo caso la seguridad personal y los trabajos de asistencia a los ayuntamientos, autoformación y redacción de informes. Asimismo en la citada instrucción remitida en la fecha y hora indicadas, se matizaba que en las zonas donde la alerta decretada fuese amarilla los agentes tenían que realizar trabajos de evaluación, situación y así como aquellos compatibles con la situación climática y en todo caso dichos trabajos debían ser supervisados por los Jefes de Comarca».
Respecto a la temporalidad de estas instrucciones durante la DANA añadía Gomis que «toda la instrucción recogida en la nota interna de fecha 29 de octubre de 2024 remitida a las 11:30h tenía una vigencia acotada a la duración del Plan de Emergencia activado por fenómenos meteorológicos
de la Agencia de Seguridad y Emergencias del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Comunidad Valenciana».
A las 11.54 horas del mismo día Luis Gomis decía que «remitió al Director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, comunicación interna mediante la cual se daba traslado en relación a la colaboración del plan de Inundaciones de los Agentes Medioambientales informando de la encomienda que el Plan Especial Frente Riesgos Inundaciones de la Generalidad Valenciana atribuye a los Agentes Ambientales e informando al tiempo de la instrucción que minutos antes se había remitido desde la Dirección General a los Jefes de Servicio de Medioambiente informando que la Dirección General del Medio Natural y Animal quedaba a disposición de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias a través de la Subdirección de Protección Animal, Agentes Medioambientales y Coordinación».
Sin embargo, el informe remitido a la juez de la DANA no dice cuántos recursos se usaron en la vigilancia del Barranco, ni en qué momento cesaron de ser utilizados, algo que ahora quiere saber la magistrada.
DELEGADA DEL GOBIERNO NO SERÁ INVESTIGADA
Por otra parte, la juez de la DANA también ha rechazado citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
La magistrada, que responde así en un auto notificado este martes a la solicitud presentada por la acusación popular Liberum, y fundamenta su decisión en la normativa que considera aplicable en este caso, según la cual el Consell es «el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias».
«Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central», añade la instructora, entre otras consideraciones. Liberum recurrirá la decisión en apelación.
