La acusación popular ejercida por Liberum en el Caso DANA de Valencia ha pedido que se impute en la misma causa a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia. En una alegación de 20 folios Liberum pide su imputación por varias cuestiones y entre ellas la de «no advertir a la población» ni «solicitar la declaración de emergencia» al Gobierno central por la inminente catástrofe que se les echaba encima. La DANA dejó 225 muertos y la primera alerta llegó a las 8 de la tarde del 29 de octubre de 2024.
Los denunciantes invocan el artículo 12 de la Red de Alerta Nacional de Protección Civil que recoge que «la gestión de la Red corresponderá al Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil».
El mismo artículo también dice que «los órganos competentes de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas serán cauce tanto para la información de las emergencias de protección civil al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, como para la transmisión de la alerta a quien corresponda».
Para Liberum esto significa que «el texto reconoce la cooperación entre el Ministerio del Interior y los órganos competentes de las comunidades autónomas (…) emergiendo así resposabilidades recíprocas, pero en ningún caso, excluyentes para la una o la otra, in limine (al comienzo de un acto judicial)».
Los denunciantes inciden también en la declaración o mejor dicho en la no declaración de estado de emergencia en la autonomía valenciana y explican que el artículo 29 de la Ley 17/2015 faculta al ministerio del Interior para hacer este tipo de declaraciones «a petición de la delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma, que en este caso corresponde justamente con la declarante Doña Pilar Bernabé García».
Por estos hechos y otros resumidos es por lo que Liberum pide «sin ánimo de minimizar las responsabilidades penales de los representantes competentes de la Generalitat, no puede obtenerse la coexistencia de responsabilidades compartidas con la Administración del Estado, en el caso que nos ocupa, y bajo las competencias de este Ilmo Juzgado de Instrucción, las correspondientes a la Delegada del Gobierno, Doña Pilar Bernabé García, quien de su declaración se deduce no solicitó al Ministro del Interior, la declaración de emergencia nacional en el momento oportuno y por tanto, por sus acciones u omisiones debe ser investigada por los argumentos contenidos en el cuerpo de este escrito. Ante la pregunta de si informó a su superior jerárquico, reconoció que no».
EL GOBIERNO SE REUNIÓ A LAS 11 DE LA NOCHE
Igualmente, añaden desde Liberum, que «no es menos interesante hacer expresa mención de que, la primera noticia en relación a que el Gobierno de España se reunió para seguir la DANA, fue a las 23.03 horas en la que se constituyó un comité de crisis ante las graves consecuencias de las inundaciones. El objetivo no era otro que coordinar los trabajos de respuesta y asistencia y poner a disposición todos los efectos de la UME, policía, Guardia Civil, protección Civil…».
La denuncia se apoya también al entender que «dicha convocatoria es tardía por cuanto ya la tragedia se había cobrado cientos de víctimas y a los efectos de ayuda posterior sería operativa, pero si esos efectos hubieran sido activados, principalmente el ejército, en horas anteriores y con las competencias que les transfiere la Ley 17/2015, los efectos de la tragedia se habrían minimizado. También nos preguntamos si por parte del Ministerio del Interior se elaboró algún Informe sobre la declaración de emergencia de nivel nacional».
Los denunciantes amplían la responsabilidad a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) puesto que «la CHJ tiene responsabilidad también de la gestión de la crisis, máxime porque hay que recordar que uno de sus representantes más destacados asistió al CECOPI aquella tarde del día 29 de octubre de 2024, y no advirtió, por ejemplo, del correo de las 18.43 horas que alertaba de la situación gravísima que se estaba produciendo en el Barranco del Poyo, orbitando principalmente la gestión en el posible colapso de la presa de Forata, tal y como ha reconocido la Delegada del Gobierno en su declaración».
La cuestión es que nadie leyó ese aviso o nadie advirtió de él y en eso inciden desde el escrito de Liberum, ya que «llama la atención de la declaración de la Delegada del Gobierno que reconociera del desbordamiento de Utiel por los medios de comunicación y a la vez, se pretenda defender que la CHJ comunicaba a tiempo real la situación de los embalses (…) y más llamativo es que, ante la pregunta sobre el correo de la CHJ e las 18.43 h que advertía sobre el Barranco del Poyo, no contestara si leyó este aviso ni cómo se comunicó (…). Lo único que dijo al respecto es que «no estaban comunicados»».
LA DELEGADA DEL GOBIERNO SE ENTERÓ MÁS TARDE
Es más, la propia Pilar Bernabé admitió durante su declaración en sede judicial que ella «no conoció este mensaje (el último a las 18.43 horas) «hasta mucho más tarde». El representante de la CHJ que estaba en el CECOPI tampoco lo informó», continúa el escrito y recuerda que «la riada con sus trágicos resultados en el Barranco del Poyo según narran las víctimas acontece a partir de las 17.00 horas principalmente, coincidente con el alivio de la presa de Forata».
Por todo ello desde la Asociación Liberum pide que se modifique la condición procesal de Bernabé de testigo a investigada. Que se llame a testificar al alcalde Algemesí, José Javier Sanchís y a varios testigos más que trabajan en la CHJ, en primer lugar a su presidente Miguel Polo, a Ricardo Domínguez, jefe del servicio de Policía de Aguas, Manuel Torán, director técnico de la CHJ y a Ignacio Valero, jefe del sistema Automático de Información Hidrológica.
