Muchos conductores desconocen las múltiples competencias que tiene la Dirección General de Tráfico en nuestras carreteras. La DGT dispone de amplias facultades para garantizar la seguridad vial en España, incluyendo la posibilidad de inmovilizar vehículos en determinadas circunstancias que, aunque puedan parecer exageradas a simple vista, están respaldadas por la legislación vigente y persiguen un fin específico: proteger a todos los usuarios de las vías públicas.
El parque automovilístico español supera los 25 millones de vehículos y, con semejante volumen, resulta imprescindible establecer mecanismos de control efectivos. Las autoridades de tráfico cuentan con protocolos estrictos que, en ocasiones, pueden sorprender a los conductores por su contundencia. Entre estas medidas, la inmovilización inmediata del vehículo representa una de las sanciones más severas que puede aplicar un agente, especialmente cuando se produce por motivos que muchos consideran desproporcionados pero que, en realidad, esconden riesgos significativos para la seguridad colectiva.
2CONTROLES DE DROGAS: LA OTRA BATALLA DE LA DGT EN LAS CARRETERAS ESPAÑOLAS
Similar al caso del alcohol, la DGT ha intensificado en los últimos años los controles para detectar la presencia de sustancias estupefacientes en los conductores. La negativa a someterse a estas pruebas conlleva igualmente la inmovilización inmediata del vehículo. Los test de drogas mediante fluido salival se han convertido en una herramienta habitual en los controles rutinarios, generando cierta controversia entre quienes cuestionan su fiabilidad o consideran que invaden su intimidad.
Los datos manejados por la DGT resultan alarmantes: aproximadamente uno de cada cinco conductores fallecidos en accidentes de tráfico presenta restos de drogas en su organismo. Esta realidad justifica plenamente la contundencia de las medidas adoptadas por los agentes. Las sustancias psicoactivas alteran significativamente la capacidad de conducción y multiplican el riesgo de sufrir o provocar un accidente, por lo que la inmovilización del vehículo ante la negativa a someterse a las pruebas correspondientes representa una medida preventiva esencial para salvaguardar la seguridad vial, aunque pueda resultar incómoda para el conductor afectado.
