Muchos conductores desconocen las múltiples competencias que tiene la Dirección General de Tráfico en nuestras carreteras. La DGT dispone de amplias facultades para garantizar la seguridad vial en España, incluyendo la posibilidad de inmovilizar vehículos en determinadas circunstancias que, aunque puedan parecer exageradas a simple vista, están respaldadas por la legislación vigente y persiguen un fin específico: proteger a todos los usuarios de las vías públicas.
El parque automovilístico español supera los 25 millones de vehículos y, con semejante volumen, resulta imprescindible establecer mecanismos de control efectivos. Las autoridades de tráfico cuentan con protocolos estrictos que, en ocasiones, pueden sorprender a los conductores por su contundencia. Entre estas medidas, la inmovilización inmediata del vehículo representa una de las sanciones más severas que puede aplicar un agente, especialmente cuando se produce por motivos que muchos consideran desproporcionados pero que, en realidad, esconden riesgos significativos para la seguridad colectiva.
1LA NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA: UNA DECISIÓN CON GRAVES CONSECUENCIAS
La legislación española otorga a los agentes de la DGT la potestad para realizar controles de alcoholemia en cualquier punto de la red viaria. Muchos conductores, movidos por el temor a las consecuencias o por simple desconocimiento de sus obligaciones legales, deciden negarse a soplar en el etilómetro cuando son requeridos para ello. Esta actitud, lejos de ser una solución inteligente, constituye una infracción muy grave que desencadena un procedimiento inmediato.
El Reglamento General de Circulación establece con claridad que la negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol es motivo suficiente para la inmovilización del vehículo. Los agentes de la DGT no necesitan justificación adicional ni existe margen para la negociación en estos casos. La medida busca evitar que conductores potencialmente ebrios continúen al volante poniendo en riesgo su vida y la de los demás, aunque muchos ciudadanos consideran que vulnera su derecho a la presunción de inocencia. Las estadísticas respaldan esta contundencia: el alcohol sigue siendo uno de los principales factores de siniestralidad en nuestras carreteras.
