Todos queremos que nuestro coche funcione a la perfección, que sea seguro y, por qué no decirlo, que tenga ese toque personal que lo distinga del resto. Sin embargo, hay líneas que nunca se deben cruzar, modificaciones que van mucho más allá de lo estético o de una simple mejora de rendimiento; la DGT vigila de cerca ciertas manipulaciones consideradas especialmente graves, no solo por el riesgo que suponen para la seguridad vial, sino también por constituir fraudes que pueden acarrear consecuencias legales de enorme calado, incluyendo penas de prisión en los casos más flagrantes.
La picaresca al volante es tan antigua como los propios automóviles, pero las autoridades de tráfico se han puesto cada vez más serias con aquellas alteraciones que buscan engañar a los sistemas de control del vehículo o a la propia administración. Hablamos de tocar elementos cruciales cuyo correcto funcionamiento es vital, no ya para pasar la ITV, sino para garantizar la seguridad de todos en la carretera, la protección del medio ambiente o la legalidad en sectores como el transporte profesional. Ignorar las advertencias y pensar que «no pasa nada» por manipular ciertas partes específicas del coche puede salir extraordinariamente caro, llevándonos de una simple multa administrativa a un proceso penal con consecuencias imprevisibles.
4¿QUÉ DICE LA LEY? DE LA MULTA A LA PENA DE PRISIÓN
Es importante entender que no cualquier modificación ilegal del coche te va a llevar directamente a la cárcel. La normativa de tráfico, gestionada en gran medida por la DGT, establece sanciones administrativas (multas, pérdida de puntos, inmovilización) para la mayoría de las infracciones relacionadas con el estado del vehículo. Sin embargo, cuando la manipulación es deliberada, grave y tiene como objetivo el fraude o pone en serio riesgo bienes jurídicos protegidos como la seguridad vial, la salud pública o el medio ambiente, el Código Penal entra en juego.
La clave reside en la intencionalidad y las consecuencias. Falsear un tacógrafo de forma continuada puede ser un delito de falsedad documental, castigado con penas de prisión de seis meses a tres años y multa. Anular sistemas anticontaminación de forma que se generen emisiones peligrosas podría encajar en delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, que también contemplan penas de prisión. Si además estas manipulaciones contribuyen a causar un accidente grave o se usan para estafar a terceros, las penas pueden ser aún mayores. La DGT actúa como primer eslabón, detectando y denunciando, pero la decisión final sobre la calificación penal corresponde a los tribunales de justicia.
