Todos queremos que nuestro coche funcione a la perfección, que sea seguro y, por qué no decirlo, que tenga ese toque personal que lo distinga del resto. Sin embargo, hay líneas que nunca se deben cruzar, modificaciones que van mucho más allá de lo estético o de una simple mejora de rendimiento; la DGT vigila de cerca ciertas manipulaciones consideradas especialmente graves, no solo por el riesgo que suponen para la seguridad vial, sino también por constituir fraudes que pueden acarrear consecuencias legales de enorme calado, incluyendo penas de prisión en los casos más flagrantes.
La picaresca al volante es tan antigua como los propios automóviles, pero las autoridades de tráfico se han puesto cada vez más serias con aquellas alteraciones que buscan engañar a los sistemas de control del vehículo o a la propia administración. Hablamos de tocar elementos cruciales cuyo correcto funcionamiento es vital, no ya para pasar la ITV, sino para garantizar la seguridad de todos en la carretera, la protección del medio ambiente o la legalidad en sectores como el transporte profesional. Ignorar las advertencias y pensar que «no pasa nada» por manipular ciertas partes específicas del coche puede salir extraordinariamente caro, llevándonos de una simple multa administrativa a un proceso penal con consecuencias imprevisibles.
3HUMO Y ENGAÑO: LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LAS EMISIONES
Otro punto crítico donde la manipulación puede tener consecuencias penales es en los sistemas anticontaminación de los vehículos modernos. Elementos como el filtro de partículas (FAP o DPF), la válvula EGR o los sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) con AdBlue son obligatorios para cumplir las normativas medioambientales europeas; anularlos o modificarlos para evitar averías costosas, mantenimientos o simplemente para «mejorar» el rendimiento del motor es una práctica ilegal que la DGT persigue activamente, especialmente en coordinación con las estaciones de ITV que cada vez disponen de medios más avanzados para detectar estos fraudes.
El impacto de estas manipulaciones va más allá de una simple multa por superar los límites de emisiones en la ITV. Eliminar un filtro de partículas o engañar al sistema AdBlue no solo supone un grave perjuicio para la calidad del aire que respiramos todos, sino que puede ser constitutivo de un delito contra el medio ambiente si se demuestra la intencionalidad y la gravedad de la acción. Además, vender un vehículo con estos sistemas anulados sin informar al comprador puede considerarse una estafa.
La DGT está reforzando los controles y la legislación se endurece para que estas prácticas dejen de ser vistas como una simple picaresca y se traten como lo que son: un atentado contra la salud pública y el entorno.
