Todos queremos que nuestro coche funcione a la perfección, que sea seguro y, por qué no decirlo, que tenga ese toque personal que lo distinga del resto. Sin embargo, hay líneas que nunca se deben cruzar, modificaciones que van mucho más allá de lo estético o de una simple mejora de rendimiento; la DGT vigila de cerca ciertas manipulaciones consideradas especialmente graves, no solo por el riesgo que suponen para la seguridad vial, sino también por constituir fraudes que pueden acarrear consecuencias legales de enorme calado, incluyendo penas de prisión en los casos más flagrantes.
La picaresca al volante es tan antigua como los propios automóviles, pero las autoridades de tráfico se han puesto cada vez más serias con aquellas alteraciones que buscan engañar a los sistemas de control del vehículo o a la propia administración. Hablamos de tocar elementos cruciales cuyo correcto funcionamiento es vital, no ya para pasar la ITV, sino para garantizar la seguridad de todos en la carretera, la protección del medio ambiente o la legalidad en sectores como el transporte profesional. Ignorar las advertencias y pensar que «no pasa nada» por manipular ciertas partes específicas del coche puede salir extraordinariamente caro, llevándonos de una simple multa administrativa a un proceso penal con consecuencias imprevisibles.
1MÁS ALLÁ DE LA ITV: CUANDO LA MODIFICACIÓN SE CONVIERTE EN DELITO
La Inspección Técnica de Vehículos es el filtro habitual que detecta muchas irregularidades, desde unas luces fundidas hasta problemas en los frenos o emisiones contaminantes por encima de lo permitido. Sin embargo, hay manipulaciones mucho más sofisticadas y malintencionadas que buscan precisamente eludir esos controles de forma fraudulenta y continuada; la DGT no solo se preocupa por el estado puntual del vehículo durante la inspección, sino también por la integridad de sistemas cuyo engaño deliberado tiene implicaciones mucho más profundas. Aquí es donde la línea entre la infracción administrativa y el delito penal se vuelve peligrosamente fina.
No estamos hablando de cambiar las llantas por unas más llamativas o de instalar un equipo de sonido potente, sino de alterar elementos nucleares del funcionamiento o control del vehículo. La manipulación grave del tacógrafo en vehículos profesionales o la anulación de sistemas anticontaminación son dos de los ejemplos más claros donde la DGT y la justicia pueden actuar con máxima contundencia. Estas acciones no se ven como simples «trampas» para ahorrar costes o evitar restricciones, sino como actos que pueden constituir delitos de falsedad documental, estafa o incluso contra la seguridad vial o el medio ambiente.
