El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, declara hoy como testigo en la causa que se sigue contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, desde el juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El juez Juan Carlos Peinado tomará declaración al actual ministro de Justicia y de Presidencia para tratar de aclarar la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que ejerció como secretaria personal de Begoña Gómez y que le ayudó con sus negocios privados durante la etapa investigada.
Hay que recordar que Bolaños ya estuvo citado como testigo en otro caso judicial, el que se investiga en la Audiencia Nacional el presunto espionaje con el ‘software’ Pegasus, si bien entonces lo hizo por escrito. Ahora el juez ha dictado un auto para que la declaración se haga de manera presencial en su despacho oficial.
A las 10.30 horas Bolaños deberá responder al juez, al fiscal y al resto de acusaciones, ya que en su calidad de testigo está obligado a responder todas las preguntas que se le formulen. Lo hará desde su despacho del ministerio de Justicia en la calle San Bernardo, de Madrid.
El artículo 412.2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ofrece esta posibilidad, por cuanto establece que el presidente y los demás miembros del Gobierno «están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo. Sin embargo, en el caso de Bolaños los hechos se habrían producido cuando era Secretario General de Presidencia de Gobierno y no ministro. La intención de Peinado es tomarle declaración de la misma manera que hizo con Pedro Sánchez en el complejo presidencial de La Moncloa.
Peinado decidió incluir esta testifical en la instrucción después de tomar declaración el pasado 24 de febrero al ex vicesecretario de Presidencia Alfredo González Gómez, que fue quien propuso el nombramiento de esta asesora como directora de programas, pero luego se convirtió en asistente de Begoña Gómez. En España la figura de la esposa o esposo del presidente del Gobierno, al contrario de lo que ocurre en otros países, no está regulada por ley. González defendió durante su comparecencia que él se limitó a elevar la propuesta de fichaje de Álvarez, entre otros nombres, y cuando le preguntaron quién era su superior, señaló directamente al ministro Bolaños.
Alfredo González explicó que, cuando se produjo el cambio de Gobierno en 2018 y Pedro Sánchez se convirtió en presidente, a él le mandaron una relación de entre 80 y 90 nombres de candidatos para integrar distintos puestos. Uno de ellos era el de Álvarez, pero matizó que no conocía a esta mujer previamente. Tampoco dio detalles ni aclaró quien fue el remitente de ese listado de nombres, una de las incógnitas que puede ayudar a desvelarse tras el interrogatorio de Bolaños.
Cuando el letrado de las acusaciones populares, le preguntó quién era entonces su superior, el testigo identificó al aún no ministro Bolaños, quien estuvo al frente de la Secretaría General de Presidencia entre julio de 2018 y julio de 2021. En este punto, el juez del caso, Juan Carlos Peinado, preguntó quién era Félix Bolaños y en la misma sala, uno de los abogados le aclaró que se trata del actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Hay que recordar que Hazte Oír, una de las acusaciones populares, pidió la relación de puestos de trabajo (RPT) del complejo de Moncloa y a partir de ahí el juzgado decidió llamar como testigos primero a Cristina Álvarez, que luego pasó a ser imputada y después a Alfredo González.
Cristina Álvarez fue fichada así, por su inclusión en una lista, en Presidencia del Gobierno en julio de 2018 con el puesto de directora de programas, pero desde el primer momento estuvo ejerciendo de secretaria personal de Begoña Gómez y terminó por gestionar el patrocinio de distintas empresas para su máster de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Complutense, un asunto investigado por la Justicia.
La testifical de Bolaños junto con el informe de Presidencia del Gobierno y la declaración de Cristina Álvarez y Alfredo González forman parte de una pieza separada de la causa principal.
MALVERSACIÓN
En el auto por el que citó a Bolaños como testigo, Peinado apuntaba que podría existir un delito de malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, por parte de La Moncloa.
De esta forma, y en caso de que finalmente investigue ese nuevo delito de malversación, se sumaría a los que ya indaga: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo laboral.
Peinado dio este paso después de imputar a Álvarez. La asesora acudió a declarar como testigo el 20 de diciembre, cuando confirmó que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez, exponiendo que se la nombró para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno con temas tanto oficiales como privados.
El instructor la volvió a llamar en calidad de investigada el 26 de febrero. Entonces, negó haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o empresas patrocinadoras para beneficiar a Gómez antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020.
Álvarez, por su parte, ha recurrido su imputación reprochando al magistrado que le tendiese «una trampa» al utilizar su declaración como testigo para cambiar su condición a la de investigada.
LOS CORREOS ELECTRÓNICOS
Según el sumario de la causa al que tuvo acceso MONCLOA, en uno de los correos electrónicos en los que se menciona a Álvarez, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM, se dirigen a ella para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web de un máster de la Complutense.
«Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación», apuntaban Morillo y Vaquero a Álvarez el 6 de octubre de 2022. Esto fue interpretado por Peinado como que Álvarez efectivamente ejercía labores de asesora para la mujer del presidente en su trabajo para la cátedra de la Universidad Complutense.
El mismo correo fue enviado también a la propia Gómez y a Blanca de Juan, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. En el ‘email’, además, consta un mensaje previo de 7 de septiembre en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
Aunque en este caso Álvarez está en copia con un email de una cuenta personal, en una cadena de correos electrónicos que figura en el sumario de la causa, aparece con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno, donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia, su cargo oficial.
En otro correo recogido en las pesquisas judiciales, se refleja que Álvarez también trasladó a Reale Seguros el interés de Gómez en que la esta empresa siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía.
