La asociación Liberum, que ejerce la acusación popular en el caso de la DANA de Valencia, ha acudido al Tribunal Constitucional en amparo el pasado 10 de abril ante la negativa del Tribunal Supremo a investigar una denuncia presentada en noviembre de 2024 contra la pasividad de las instituciones estatales que dependen del Gobierno durante la DANA que asoló Valencia el 29 de octubre de 2024.
Entonces Liberum pidió que se investigase la muerte de más de 200 personas, el colapso de las infraestructuras, la acumulación de más de 100.000 vehículos contaminantes y la ausencia total de respuesta técnica o jurídica frente a una amenaza ambiental y vital evidente.
Durante el proceso esa asociación aportó nuevas pruebas encontradas como un fallecimiento documentado por colapso estructural, la desescalada institucional sin informes técnicos pertinentes y la no aplicación directa de una ley específica de protección civil (Ley 17/2015)
que el Gobierno debía aplicar.
A pesar de esta denuncia «el Tribunal Supremo inadmitió el recurso sin valorar ni los hechos
nuevos ni la norma aplicable. Y cuando se le pidió, por escrito, que completara su resolución para incluir lo omitido, también lo rechazó sin explicar nada sustancial», añaden desde la representación legal de Liberum.
En la denuncia ante el Supremo «la estrategia fue marcar paso a paso todas las omisiones para dejar constancia de que el sistema estaba fallando. Se hizo con absoluta claridad y precisión jurídica, sin confrontación ni aspavientos, pero dejando constancia de todo. Se solicitó que se valoraran los hechos nuevos. Se recordó que la Ley 17/2015 era de aplicación obligatoria. Se documentó que el orden procesal se había alterado sin explicación y se pidió que, si no se iba a valorar el fondo, se dijera expresamente por qué. El Supremo no lo hizo. Calló. Esa pasividad no fue un error técnico: fue una omisión jurídica grave. Y es esa omisión, acumulada y documentada, la que justifica acudir al Tribunal Constitucional», añaden desde Liberum.
EL SUPREMO CERRÓ LA DENUNCIA DE LA DANA
El recurso de amparo al Tribunal Constitucional pide que «se declare nula la forma en que el Tribunal Supremo cerró el caso sin valorar lo esencial, que se reconozca la vulneración del derecho a la vida y del derecho a una tutela judicial efectiva». El movimiento de Liberum pretende que «se obligue al Supremo a dictar una resolución motivada, con análisis de los hechos nuevos, de la ley aplicable y de la posible responsabilidad del Gobierno y que se emita una doctrina constitucional para que en futuras crisis no se repita este vacío institucional».
Liberum explica que «si el Tribunal Constitucional decide no admitirlo a trámite, estará evitando pronunciarse sobre una omisión documentada y estructural del sistema judicial. Esa negativa podrá considerarse, en sí misma, una nueva vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Y en ese caso, Liberum está en condiciones de acudir al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH)».
La asociación cree que «es fundamental que estas cuestiones se expliquen públicamente. Hoy, miles de ciudadanos viven en una sensación real de desamparo institucional. Muchos no confían
ya en que las instituciones protejan sus derechos, sobre todo en situaciones de crisis con catástrofes naturales, pandemias o emergencias ambientales» y el recurso «debe ir acompañado de una defensa firme en el terreno de la comunicación social, porque la ciudadanía tiene derecho a saber que hoy, en España, hay asociaciones como Liberum que defienden la Constitución incluso cuando el Estado no lo hace».
