Abogados Legalsha reclama ante el Constitucional por costas mínimas impuestas a la banca
El despacho Legalsha, líder en derecho bancario y especializado en reclamar tarjeta revolving, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El objetivo: denunciar las resoluciones judiciales que imponen costas mínimas a las entidades financieras tras ser condenadas por cláusulas abusivas. Según el bufete, estas decisiones perjudican gravemente a los consumidores, ya que las cantidades fijadas no alcanzan ni para cubrir los gastos básicos del procedimiento.
Legalsha considera que esta práctica vulnera derechos fundamentales y planea acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Constitucional no admite el recurso. En 2023, el alto tribunal ya determinó que los bancos deben pagar las costas cuando pierden juicios por cláusulas abusivas. Sin embargo, no se pronunció sobre la cuantía concreta, dejando a los juzgados libertad para fijar cifras que, en muchos casos, resultan irrisorias.
El caso que ha impulsado esta acción legal surge tras un litigio entre Legalsha e ID Finance Spain, empresa con la que un cliente firmó una línea de crédito considerada abusiva. A pesar de que el despacho intentó resolver el asunto extrajudicialmente, la financiera rechazó cualquier acuerdo, obligando a su cliente a iniciar un proceso judicial. Aunque el juez falló a favor del consumidor y ordenó a ID Finance devolver las cantidades cobradas indebidamente, la entidad impugnó el pago de 2.500 euros en costas, solicitando rebajarlo a tan solo 494 euros. El juzgado accedió a esta reducción.
Desde Legalsha denuncian que este tipo de resoluciones desincentivan las reclamaciones de los afectados. “Ganar un juicio debería significar una compensación real, no una penalización encubierta. Estamos viendo cómo se refuerza la estrategia bancaria de alargar procesos para desincentivar la defensa de los derechos del consumidor”, señala Rebin Shamamy, CEO del bufete.
El despacho destaca, además, la desigualdad de trato entre profesionales del derecho: mientras los procuradores pueden justificar tarifas según aranceles regulados, los abogados carecen de una normativa similar, lo que reduce notablemente la cuantía reconocida por su trabajo. Esta disparidad, advierten, perjudica tanto a los profesionales como a los clientes que, pese a haber ganado el juicio, no ven reconocidos los costes que asumieron.
Legalsha, conocido por liderar la lucha contra los abusos bancarios y por su experiencia al reclamar tarjeta revolving, insiste en que este tipo de prácticas judiciales solo favorecen a las entidades financieras y socavan la confianza en la justicia. Por ello, piden al Constitucional que revoque la resolución del Juzgado de Primera Instancia 61 de Madrid y dicte una nueva más equitativa.
Desde su experiencia en miles de procedimientos similares, el despacho advierte que estas decisiones judiciales están creando un efecto disuasorio que impide a los consumidores recuperar lo que legalmente les corresponde. “No se trata solo de justicia económica, sino de garantizar el acceso real a una tutela judicial efectiva”, concluye Shamamy.
