La juez de Instrucción 3 de Catarroja que instruye las responsabilidades penales derivadas de la muerte de 225 personas durante la DANA que asoló la comunidad valenciana el pasado 29 de octubre, recibe este lunes las declaraciones como testigos de Pilar Bernabé García, delegada del Gobierno en la comunidad valenciana y de Vicente José Mompó Aledo, actual presidente de la Diputación de Valencia.
Ambos tendrán que explicar la actuación de las instituciones que representan durante los días 29 y 30 de octubre de 2024. Es significativa la falta de persona de peso que pueden tomar decisiones sin que estén consensuadas, como la delegada del Gobierno socialista, Pilar Bernabé, que es la máxima responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como Policía Nacional y Guardia Civil, en la región y solo se conectó por vía telemática al centro de emergencias (Cecopi) aquel día. En el caso de Mompó, del Partido Popular (PP), deberá explicar la coordinación y el funcionamiento de los ayuntamientos valencianos durante la riada y los protocolos a nivel local que existen para estos casos, si es que lo hubiera.
La declaración de Bernabé llegará justo después de que haya anunciado que se presenta a liderar el PSPV de Valencia y posiblemente a la carrera por la alcaldía de la ciudad de Valencia.
A pesar de tener una alta responsabilidad en el CECOPI, la delegada del Gobierno siempre ha esquivado las críticas a su gestión –era responsable del CECOPI al activarse el nivel de emergencia 2 durante la peor DANA del siglo, pero no hizo sonar las alarmas, como tampoco solicitó la ayuda al Gobierno central ante la grave situación.
La juez le preguntará si conocía la situación de las riadas con más antelación que la Generalitat. De hecho, recibió la llamada de la alcaldesa de Paiporta, la socialista Maribel Albalat, a las 19.00 horas de aquel fatídico 29 de octubre, según confirmó en una entrevista en La Sexta, pero no fue hasta las 20.11 horas cuando sonó la alarma en los teléfonos móviles. Además, está aún la incógnita de por qué no se pidió la inmediata actuación del Ejército y de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en los 78 pueblos afectados, a pesar de barajarse y discutirse esta opción en el CECOPI.
LA PEOR DANA DEL SIGLO
También deberá responder Pilar Bernabé por qué pidió a la Generalitat la activación de la UME únicamente en Utiel, a pesar de que las lluvias ya estaban inundando y desbordando ríos y barrancos, especialmente en la zona de Chiva y Cheste, los primeros en ser arrasados por la devastadora riada. No había caudalímetro en aquella zona a pesar de que Cercanías dejó de funcionar a las 15.00 horas en la zona de la C-3. El AVE dejó también de funcionar por el desbordamiento de los cauces.
Bernabé no insistió para activar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, mientras los militares en la zona de Bétera se mantuvieron en el cuartel bajo amenaza de sanción. Cabe señalar que la delegada del Gobierno tiene potestad para movilizar tanto a policías nacionales como a la Benemérita en estos casos, pero no lo hizo. Sin embargo, los agentes de la Guardia Civil lograron salvar la vida de 80 personas que rescataron, mientras dos de sus agentes perdieron la vida por las riadas.
A pesar de que una de las acusaciones populares pidió la imputación de Bernabé, la Fiscalía Provincial de Valencia rechazó su imputación en cualquier responsabilidad penal por su gestión. La conclusión la firmó el fiscal Cristóbal Melgarejo.
«El cometido de la delegada del Gobierno, al no ser declarada la situación de emergencia de interés nacional, era de estricta coordinación de la administración estatal con la autonómica, sin que (…) pueda imputársele, desde la perspectiva del principio de culpabilidad que rige el derecho penal, la falta de adopción de decisiones que hubieren evitado o atenuado el referido resultado», recogía el escrito fiscal. Pero nada impide que haya sido llamada a declarar como testigo y en calidad de tal prestará declaración el próximo lunes.
