La delegada del Gobierno en Valencia Pilar Bernabé ha declarado este lunes ante la juez de Catarroja que instruye la causa por los 225 fallecidos de la DANA que en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del 29 de octubre de 2024 solo se habló de un posible desborde de la presa de Forata como mayor punto de riesgo aquel día y nadie habló del Barranco del Poyo. Ella se conectó on line a la reunión desde la Delegación de Gobierno a pesar de vivir a 15 minutos de distancia de la sede de este organismo.
La delegada del Gobierno también ha dicho, a preguntas de la juez, que se puso en contacto con alcaldes de los «pueblos colindantes» para advertirles del riesgo.
Pilar Bernabé ha declarado como testigo ante la juez que instruye la gestión de la DANA por parte de las Administraciones y ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) le alertaron muy pronto de «la posibilidad de rotura de la presa de Forata» porque entraban «2.000 litros y podían salir unos 1.000 al mismo tiempo» y que el colapso supondría una inundación de hasta 4 metros de altura en los municipios colindantes.
Bernabé ha asegurado que se puso en contacto con todos los alcaldes de esa zona, aunque algunas llamadas no le fueron respondidas.
La declaración, que ha comenzado a las 9,43 horas, ha servido también para corroborar el relato de Bernabé sobre la hora a la que contactó con la ex consejera de Emergencias Salomé Pradas, que según ella fue a las 12.30 horas. A raíz de esa conversación, la delegada del Gobierno ha dicho a la juez que ofreció la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), pero que Pradas no la pidió hasta las 14.53 horas.
TOMAR UN SANDWICH EN MEDIO DE LA DANA
La Delegada del Gobierno ha dicho que la reunión del CECOPI la sorprendió de camino a la localidad de Utiel para valorar los daños, pero que decidió volver a Valencia, a la Delegación porque «era lo que me quedaba más cerca para poder dar los medios que me pidiera la dirección de emergencias».
También ha dicho que recibió una llamada del presidente Carlos Mazón, aunque no era su número habitual, que ella tenía agendado, y que Mazón le explicó que había tenido problemas de comunicación con su móvil y por eso estaba usando otro. Luego continuaron conversando por whatsapp.
A su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia Bernabé indicó que «colaboraré con la justicia por la paz de las familias que lo han pasado tan mal, y contestaré a todas las preguntas que se me formulen», algo a lo que está obligada en calidad de testigo.
DECLARACIÓN DE PRADAS
El viernes pasado declaró ante la misma juez Salomé Pradas, ex consejera de Emergencias que exculpó a Carlos Mazón a asegurar que el sistema «ES-Alert no se retrasó por Mazón» porque no era responsabilidad suya enviarlo.
La ex consejera ya aseguró el viernes que «no tuvimos información del Barranco del Poyo», por lo que toda la atención de los técnicos estuvo centrada en el posible colapso de ese embalse, algo que finalmente no se produjo.
Pradas, en respuesta a su abogado –al único al que contestó en este momento por acudir como imputada– afirmaba que el retraso fue por el proceso técnico seguido. En concreto, el borrador de la alerta «lo propuso el señor Suárez (Jorge) que incluso propuso un contenido» y a continuación «se inició un debate técnico entre Suárez y Basset (José Miguel) en cuanto a la idoneidad, el contenido (que no sea alarmante) y el ámbito geográfico. Se decidió que ese mensaje fuera a toda la provincia porque se querían evitar desplazamientos».
