Entre los años 2020 y 2024 los funcionarios de las cárceles españolas han encontrado 12.882 teléfonos móviles en los centros penitenciarios. Los móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados en las prisiones españoles, generando un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno. Sólo en 2024 se decomisaron la preocupante cifra de 2.884 dispositivos, más de 7 al día. El dato es preocupante, porque si se decomisan esta cantidad, la pregunta incómoda sería ¿cuántos no se encuentran?
Los teléfonos móviles están prohibidos dentro de los centros penitenciarios españoles porque permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de actividades delictivas, como la violencia de género o la coordinación de redes criminales desde el interior de las cárceles. Esta prohibición no solo responde a criterios de seguridad, sino también al cumplimiento del mandato constitucional de reeducación y
reinserción social.
Las prisiones de Madrid III, Málaga I y Almería encabezan la lista de centros con más
incautaciones en este periodo, con casi 700 terminales intervenidos en cada una. Solo
en 2024, Almería (195), Madrid VII (180) y Málaga I (161) lideraron el ranking de
decomisos.
Desde el sindicato de prisiones ACAIP-UGT, «queremos poner en valor el esfuerzo y compromiso de los empleados públicos penitenciarios que, a pesar de los medios limitados y la creciente
sofisticación de los métodos de introducción, continúan trabajando intensamente para
frenar este tipo de contrabando».
Muchos de estos dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos,
como condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad. El acceso a estos teléfonos no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también genera conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia.
TERMINALES PEQUEÑOS EN LAS CÁRCELES
Los funcionarios de prisiones deben hacer frente a esta realidad con medios claramente insuficientes. Los terminales, cada vez más pequeños y fabricados con componentes plásticos, escapan fácilmente a los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados de presos que regresan de permiso o de familiares que los visitan en los vis a vis. Esto obliga a realizar requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que hoy en día no se garantiza en todos los centros españoles.
Además, los funcionarios se enfrentan a nuevos métodos de introducción de móviles que suponen una grave amenaza para la seguridad: los drones. Su capacidad de sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión convierte a estos dispositivos en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros.
«. Es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que drones sobrevuelen zonas restringidas», explican desde ACAIP-UGT .
La seguridad en prisión es un prerrequisito para la aplicación efectiva de los programas de reinserción. Y añaden desde el sindicato de funcionarios que «la introducción y uso de objetos prohibidos como los teléfonos móviles desestabiliza gravemente la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario. La lucha contra esta amenaza debe ser una prioridad para la Administración, dotando a los trabajadores de los medios humanos y técnicos necesarios para garantizar el orden y la seguridad en los centros».
Por eso, desde ACAIP-UGT «reclamamos una respuesta firme, moderna y eficaz para hacer frente a esta amenaza constante. La seguridad de nuestras prisiones no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios. Requiere compromiso institucional, inversión tecnológica y planificación estratégica».
