El pasado 3 de abril la empresa Soluciones de Gestión, sociedad que importó de China y vendió mascarillas por 53 millones de euros gracias a la intermediación de Víctor de Aldama, uno de los principales señalados en la trama Koldo, ha perdido definitivamente el recurso presentado en casación contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que daba la razón al abogado zaragozano, Ramiro Grau, primer denunciante de irregularidades en estas compras ante la Fiscalía Anticorrupción.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo le ha dado la razón el pasado 4 de abril y condena en costas al recurrente, Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, en el centro de la trama Koldo, después de casi 3 años de pleitos. Asimismo, condena en costas a la empresa recurrente.
Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la empresa en el ojo del huracán del Caso Koldo por haber sido concesionaria de varias adjudicaciones públicas para la adquisición de mascarillas durante la pandemia del COVID. recurría a los juzgados en 2022 para demandar a Ramiro Grau, abogado zaragozano que fue el primer denunciante de la trama de corrupción, tal y como ya contamos en MONCLOA. Esta empresa zaragozana había interpuesto recurso de apelación contra una sentencia del juzgado de Primera Instancia 14 de Zaragoza el 13 de junio de 2023 que desestimaba una demanda de derecho al honor contra Grau.
El 3 de abril de 2024 la que se pronunciaba era la Audiencia Provincial de Zaragoza para dar de nuevo la razón a Grau, que desde que realizó sus denuncias de manera pública ha tenido que hacer frente a varias demandas -además de superar una grave enfermedad-, entre ellas las de Soluciones de Gestión.
La sentencia está firmada por los magistrados María de los Ángeles Parra, José Luis Seoane y Antonio García.
TRES ARTÍCULOS EN DIGITALES
El origen de la demanda de la empresa de la trama Koldo contra Grau fue por la publicación de tres artículos periodísticos firmados por él en otros tantos diarios digitales al considerar vulnerado su derecho al honor por expresiones como «chanchullo de dinero público», «cuantías que voy a investigar por medio de la ley de transparencia» o «resumiendo y concretando con estos mimbres Ábalos compró ocho millones de mascarillas defectuosas, parece ser que a un precio muy superior a su valor de mercado».
Soluciones de Gestión argumentaba en su demanda que en los artículos de Grau le «imputaba diversos delitos, contra la salud pública, malversación, fraude y prevaricación». La empresa pidió poder aportar una serie de documentos que ampararían «la existencia de una campaña contra la mercantil demandante, a instancias del demandado». Soluciones de Gestión también argumentó que debido a la orden TMA/292/2020 de 26 de marzo ADIF podía formalizar «un contrato con la ahora demandante, Soluciones de Gestión, que se dice derivado de un procedimiento «negociado sin publicidad acelerado» (lo que no era así) y que, con una única oferta recibida, alcanzaría un importe de 12.500.000 € (BOE 27/5/2020)».
«SE HACÍA ADVERTENCIA DE QUE IBA A INVESTIGAR POR MEDIO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA»
La defensa de Grau argumentó entre otras razones que «a Soluciones de Gestión, simplemente se le reprocha ser un segundo intermediario, la que transmitió el pedido, lo que nada tiene en si de difamante, que se hacía advertencia de que se iba a investigar por medio de la Ley de Transparencia, lo que así se hizo, que el carácter defectuoso de las mascarillas no es comportamiento que se reproche directamente a Soluciones de Gestión, sino al responsable público que las compró. El reproche se concentra en la parte compradora, contratante público. La afección al vendedor es así solo indirecta. Circunstancias que minimizan casi de modo absoluto el carácter difamante que se le imputa».
Tras varios periplos judiciales la Audiencia Provincial de Zaragoza dio la razón a Grau, pero Soluciones de Gestión decidió acudir al Tribunal Supremo que derriba las pretensiones de la empresa zaragozana, porque «finalmente, resulta significativo que la actividad comercial de la demandante no se viera afectada tras la publicación de los artículos, lo que contradice su alegación de que estos perjudicaron su reputación profesional. Si, como sostiene, su prestigio empresarial hubiera resultado dañado por la publicación de los artículos, cabría esperar alguna afectación a su actividad, lo que no ha sucedido».
Y añade el ponente que «en conclusión el motivo debe ser desestimado, pues la sentencia recurrida se ajusta plenamente a la legalidad y a la doctrina jurisprudencial en la materia. No concurre infracción legal ni existe oposición a la jurisprudencia consolidada sobre el derecho al honor de las personas jurídicas en relación con el ejercicio de las libertades de información y expresión».
PRIMER DENUNCIANTE
El profesor y abogado zaragozano Ramiro Grau fue el primero en escribir a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso para advertirle de irregularidades en la «compra de 13 millones de mascarillas por el ministro Ábalos». Siete meses después, el Secretario General del PP en Madrid, diputado autonómico y senador, Alfonso Serrano, interponía una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por estos hechos.
La carta, que ya publicó MONCLOA, está fechada en Zaragoza, el 19 de febrero de 2022 y comienza con un «estimada Isabel». En ella Ramiro Grau comienza explicando que «aunque no tengo el honor de conocerle, le diré que «su» presidente -Pablo Casado-, que dispara contra usted, no pide, en cambio, que se investigue la compra de 13 millones de mascarillas no pide, en cambio, que se investigue la compra de 13 millones de mascarillas por el ministro Ábalos, con la intermediación de una empresa zaragozana, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., que dirige José Ángel Escorial Senante (…)».
