La trama del caso Hidrocarburos actuó en paralelo al caso Koldo en el Ministerio de Industria, dirigido por Reyes Maroto, para conseguir la ansiada licencia de la comercializadora, el paso más importante para poder eludir el pago del IVA en un presunto fraude fiscal cifrado en cerca de 230 millones de euros.
El 9 de diciembre, el Ministerio de Industria denegó la petición de Villafuel y la trama se quedaba sin su operadora para la compraventa de combustible, un requisito indispensable para poder arrancar el presunto fraude masivo en el IVA. No obstante, nueve meses después, el Ministerio de la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera y con el beneplácito de Industria, con Reyes Maroto, dieron luz verde a la licencia.
La primera negativa de Industria conllevó la petición de desalojo de José Luis Ábalos del chalet de La Alcaldeisa, según se desprende del nuevo informe de la UCO de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso MONCLOA.COM. Claudio Rivas envió la carta de desahucio al exministro de Transportes. «Se observa la relación causa-efecto entre la negativa por parte de industria, y el desalojo final de Ábalos del chalet», indica el informe de la UCO.
LA UCO DESVELA EL CABREO DE CLAUDIO RIVAS CON ÁBALOS
De esta forma, la UCO de la Guardia Civil corrobora la versión de la empresaria María del Carmen Pano Sánchez y su hija Leonor González Pano sobre su relación con los negocios de Aldama y Claudio Rivas dentro de la trama Hidrocarburos y de haber contado ante el Tribunal Supremo que la compra del chalet en La Alcaidesa, que disfrutó el ex ministro Ábalos durante 3 meses «era como pago de una licencia de hidrocarburos».
La licencia era crucial y a falta de un Ministerio, Aldama consiguió desbloquear la situación con sus contactos en los dos máximos entes públicos. Según Anticorrupción, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido en ese momento por la ahora comisaria europea Teresa Ribera; y por el otro, el Ministerio de Industria, que estaba a cargo entonces de Reyes Maroto, líder del PSOE en Madrid ciudad.
DE LA NEGATIVA AL VISTO BUENO EN SOLO UNOS MESES
Este permiso es imprescindible para operar con combustible en España. Para ello, debía constituirse una empresa de tres millones de euros y tener el visto bueno ministerial. En un inicio, Industria rechazó la solicitud, pero Aldama no aceptó una negativa como respuesta.
Anticorrupción apunta que las 7 empresas a las que vendía Villafuel no realizó los pagos de IVA correspondientes. En otro de los informes, la UCO detectó una reunión celebrada el 14 de enero de 2021 en la sede del Ministerio de Industria con Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto, entre el propio Díaz Bidart, Claudio Rivas, Carmen Pano, Álvaro Gallego y Koldo García.
Se trataba de obtener para Villafuel una licencia de operador de hidrocarburos por parte del ministerio. La primera petición resultó en fracaso, pero finalmente Villafuel obtuvo esa licencia meses más tarde: «Denegado el título de operador de Villafuel. Esto va a traer problemas. Y muy serios», escribía Rivas a Aldama. En mensajes posteriores le dice que «Por cierto, al burofax no contestan, hay que empezar a tramitar el desahucio, antes de que vengan los líos». A esto Aldama contestaba: «Espera a que hablemos no la vayamos a liar más».
KOLDO ENREDÓ DEMASIADO EN INDUSTRIA, CON REYES MAROTO AL FRENTE
En febrero de 2024 y tras recibir la notificación de la apertura de un trámite de alegaciones vinculado al procedimiento de baja definitiva en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales, la empresa puso fin a la operativa, que estuvo funcionando a pleno rendimiento tras las conversaciones entre Aldama y Reyes Maroto, toda vez que Ábalos estaba fuera del Gobierno. De esta manera, la presunta corrupción cerca ya a seis ministros en el caso Koldo, Hidrocarburos, Begoña Gómez y del hermano de Pedro Sánchez. Un escenario del que Pedro Sánchez espera salir indemne.
El nuevo informe de la UCO de la Guardia Civil analiza el contenido de los teléfonos móviles intervenidos a Víctor de Aldama, testigo de cargo y principal comisionista del caso Koldo, y de Koldo García Izaguirre, asesor del Ministerio de Transportes, chófer del PSOE y custodio de los avales de Pedro Sánchez para presentarse en las primarias. Las conversaciones descubiertas por los agentes de la Guardia Civil muestran la operativa de la trama para poder obtener la licencia de la comercializadora Villafuel, un requisito imprescindible para la compraventa de combustible y realizar el presunto fraude fiscal.
En una de las conversaciones intervenidas por la UCO, Aldama habló con Claudio Rivas, el empresario y socio de Aldama en el conocido caso Hidrocarburos, para advertirle sobre la petición del jefe de Servicios de Industria. «Buenos días, macho y perdona, pero la voy a dar una mala noticia o buena, no sé. Es muy importante que el grandullón se quite del medio en el Ministerio», inicia Aldama. «Palabras textuales del jefe de Servicios de industria osea, el puto jefe. Que ya no intervenga ni moleste más ese señor. Es lo que dice y me ahorro los calificativos», añade en el texto. «Vamos que con respecto a Villafuel que lo deje ya estar que no haga nada», advierte.
ALDAMA ALERTÓ A SU SOCIO
En caso contrario, Aldama advierte a Claudio Rivas: «Si no, ni de coña sale el título. Hemos marcado un protocolo nuevo con él directamente para solucionar todas las dudas que ha creado el grandullón dentro del Ministerio». El mensaje se envió el 30 de noviembre de 2021, cuando José Luis Ábalos llevaba cinco meses cesado como ministro de Transportes y despojado de todos los cargos del partido socialista.
Tan solo tres días más tarde de la conversación entre Aldama y Claudio Rivas, Ábalos recibió por carta, remitida por el abogado de Have Got Time, la reclamación del alquiler de la casa de La Alcaidesa correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021. «Esto ya es la hostia», le envió Koldo a Aldama adjuntando la misiva del letrado, mientras Aldama quitó hierro al asunto: «Ni te preocupes, acuérdate que te dije que eso llegaría, se tiene que cubrir, pero es solo por eso, nada más. Tranquilo y lo hablamos en persona».
La carta únicamente tenía como objetivo dar una apariencia de legalidad y cubrirse ante una eventualidad. Aun así, Koldo le citó para reunirse dos días después, el 5 de diciembre, pero Aldama no llegó al encuentro. No obstante, el mismo día de la Constitución, Aldama pidió hablar con Koldo con la condición de hacerlo a través del teléfono de seguridad, por lo que recurrieron al agente de la guardia civil imputado en la trama.
