El Gobierno suprimirá a las acusaciones populares, como Hazte Oír y Manos Limpias, por la vía legislativa. Todas aquellas asociaciones y fundaciones que no comulguen con la «memoria democrática» serían disueltas al hacer un «blanqueamiento del franquismo por el hecho de oponerse a la «resignificación» del Valle de los Caídos», según denuncia Hazte Oír.
Hazte Oír y Manos Limpias son dos de las asociaciones presentes en los casos Begoña Gómez y David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, y se oponen firmemente a esta nueva ley anunciada por el Gobierno. De dar luz verde a la normativa, el Ejecutivo tendría el camino allanado para la disolución de ambas asociaciones por no someterse al «relato oficial» de la denominada «memoria histórica». De hecho, Hazte Oír la denomina como ley de «memoria de revancha socialista».
«Esta propuesta legislativa representa una amenaza directa contra la libertad de asociación en España y, por lo tanto, es un ataque frontal a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos», afirman desde Hazte Oír. A su juicio, no es un caso concreto, sino un «modelo de control ideológico» cuyo fin es la deslegitimación y anulación de cualquier entidad civil que cuestione el discurso oficial o vaya en una dirección que sea considerada «peligrosa» por el Ejecutivo. En este sentido, sería suprimida también la Fundación Francisco Franco.
LAS ACUSACIONES POPULARES, CONTRA LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
«. Lo que está en juego es el derecho a disentir», afirma Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír. «Esta ley forma parte de una estrategia más amplia de sometimiento social: primero fue la presión sobre el Poder Judicial, después los ataques a los medios no alineados, y ahora se pretende desmantelar el asociacionismo libre e independiente», destaca. «El objetivo es eliminar cualquier obstáculo en su camino hacia el control total del Estado y de la sociedad civil», afirma.
«El Gobierno no está legislando contra una organización concreta. Está legislando contra todos los ciudadanos que se atreven a pensar diferente. Hoy es esta ley, mañana otra y así hasta que te prohíben pensar diferente. Defender el derecho a asociarse libremente es defender la libertad, concepto que aterra a Sánchez» afirman desde Hazte Oír, que ha iniciado una recogida de firmas como respuesta al intento de «imponer la censura por vía legislativa».
«El tejido asociativo es clave para la defensa de España. Pedro Sánchez intenta con estas medidas ir silenciando voces disidentes, siguiendo los pasos de las dictaduras chavistas y bolivarianas», asevera la organización.
LA FUNDACIÓN AFÍN A VOX, TAMBIÉN EN RIESGO
«El deber de la sociedad civil es mantenerse firme en la defensa de todas y cada una de las asociaciones que plantamos cara, cada una en su trinchera, contra Sánchez. No hay ataques concretos, realmente Sánchez ataca a la libertad de todos», han afirmado con rotundidad desde la asociación. Asimismo han querido ampliar que «Hazte Oír se pone al servicio, como siempre hemos hecho, de la sociedad civil y con ello de los españoles, para defenderles de los ataques de Sánchez y el PSOE a la libertad y al Estado de Derecho».
La ofensiva de Pedro Sánchez en su homenaje a los 50 años de la muerte del dictador Franco no solo se centra en las asociaciones y acusaciones populares del caso Begoña Gómez, sino también en fundaciones como Disenso, afín a Vox, y que tampoco comulga con la memoria democrática establecida, como ocurre también con la mencionada Francisco Franco, cuyo cierre buscan Podemos, Sumar y el PSOE desde 2014.
Esta no es la única maniobra del Gobierno en la aplicación de la ley de memoria democrática. En Madrid, el Constitucional da vía libre para eliminar las barreras puestas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para impedir la colocación de placas conmemorativas en espacios que habrían albergado torturas. No habrá ninguna placa en recuerdo de los fallecidos en las checas republicanas, pero sí en las del bando sublevado.
Para el Gobierno, la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, debe tener su placa que recuerde la Dirección General de Seguridad en la época franquista, un lugar, donde según el PSOE «hubo torturas terribles que a día de hoy algunos ciudadanos recuerdan».
CONDE-PUMPIDO, QUERELLADO ANTE EL SUPREMO
El TC acordó por unanimidad admitir a trámite el recurso del Gobierno al considerar que la Comunidad de Madrid «imposibilita la aplicación» de la Ley de la Memoria Democrática. En este sentido, considera que podría haber una invasión de competencias para «la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales».
Cabe recordar que Hazte Oír presentó ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, por graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Según la querella, el también exfiscal general del estado, que aprobará la amnistía antes del verano, tenía la obligación legal de abstenerse en la admisión a trámite de recursos de amparo presentados por Dolores Delgado y Esteban Rincón, antiguos subordinados suyos con quienes, además, podría mantener vínculos personales cercanos, comprometiendo así la imparcialidad exigida a su cargo.
Según expone la querella, Conde-Pumpido «participó indebidamente en la admisión a trámite de recursos cuyos nombramientos habían sido anulados previamente por el Tribunal Supremo». El escrito presentado mostró los vínculos personales de amistad que le atan a Delgado con Conde-Pumpido. No obstante, el máximo dirigente del TC sí se abstuvo en las fases posteriores del procedimiento, ya había participado en la crucial decisión inicial de admitir a trámite dichos recursos.
