El seguro del coche es, para la mayoría de los conductores españoles, esa red de seguridad imprescindible que nos permite circular con cierta tranquilidad por las carreteras. Contratamos una póliza confiando en que, llegado el momento de un siniestro, la compañía responderá como esperamos, pero la realidad, advertida en no pocas ocasiones por la OCU, es que la letra pequeña de los contratos puede esconder trampas inesperadas que merman considerablemente la ayuda recibida o, en el peor de los casos, la anulan por completo. Esas cláusulas, a menudo redactadas con una terminología compleja y situadas estratégicamente para pasar desapercibidas, son las que marcan la diferencia entre una solución efectiva y un auténtico quebradero de cabeza económico y personal.
Entender a fondo qué firmamos es crucial, porque las pólizas de seguro no son documentos estándar y las diferencias entre unas y otras pueden ser abismales, especialmente en lo que respecta a las limitaciones y exclusiones. El diablo, como suele decirse, está en los detalles, y en el ámbito de los seguros de automóvil, esos detalles pueden traducirse en miles de euros de diferencia a la hora de afrontar la reparación de un vehículo o la indemnización por un siniestro total. Ignorar estas advertencias, como las que periódicamente lanza la Organización de Consumidores y Usuarios, es un riesgo que ningún conductor debería permitirse correr, ya que las consecuencias de una cláusula limitativa aplicada en el momento menos oportuno pueden ser devastadoras para nuestra economía familiar y nuestra capacidad de movilidad.
2INDEMNIZACIONES A LA BAJA: CUANDO «TODO RIESGO» NO LO CUBRE TODO

Uno de los puntos más conflictivos y que genera mayor controversia se encuentra en la valoración del vehículo en caso de siniestro total, especialmente cuando el coche ya tiene algunos años. Las pólizas, incluso las denominadas «a todo riesgo», suelen incluir cláusulas que establecen cómo se calculará la indemnización, y aquí es donde empiezan los problemas. A menudo, las aseguradoras aplican el llamado «valor venal», que básicamente corresponde al valor de venta del vehículo justo antes del accidente, una cifra que suele ser considerablemente inferior al coste real de reemplazar el coche por uno de características similares en el mercado de segunda mano.
Esta práctica, aunque extendida, es frecuentemente criticada por entidades como la OCU, que la considera perjudicial para el consumidor. La justificación de las aseguradoras se basa en el principio indemnizatorio, que busca restituir al asegurado a la situación económica previa al siniestro, sin enriquecimiento. Sin embargo, la aplicación estricta del valor venal a menudo deja al conductor en una posición muy difícil, ya que la cantidad recibida es insuficiente para adquirir un vehículo equivalente que le permita mantener su nivel de movilidad y autonomía personal o profesional.
Imaginemos un coche con siete u ocho años, perfectamente funcional pero cuyo valor de tasación para la venta es bajo. Si sufre un siniestro total, la indemnización basada en el valor venal puede ser de apenas unos miles de euros. Con esa cantidad, resulta prácticamente imposible encontrar en el mercado un sustituto fiable y en condiciones adecuadas, obligando al afectado a realizar un desembolso adicional importante o a renunciar a tener un vehículo, una situación que contradice la expectativa de protección que se tenía al contratar el seguro.