Pedro Sánchez no cede ni un milímetro en su guerra contra Isabel Díaz Ayuso y suma nuevos apoyos en el Gobierno con Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, y otros once alcaldes del PSOE en municipios de Madrid, como Ángel Viveros (Coslada); Francisco Javier Ayala (Fuenlabrada); Candelaria Testa (Alcorcón), Sara Hernández (Getafe), Ramón Jurado (Parla), Raquel Jimeno (Ciempozuelos), Javier Corpa (San Fernando de Henares), Jorge Capa (Mejorada del Campo), Paula Tejedor (Pinilla del Valle), Rafael Martínez (San Martín de la Vega) y Antonia Alcázar (Velilla de San Antonio).
La nueva ofensiva del Gobierno de PSOE contra Isabel Díaz Ayuso se centra contra la nueva ley del suelo, aprobada a finales de 2024 y cuyo objetivo es flexibilizar los usos para poder levantar viviendas. Sumar, integrado por Más Madrid, se ha quedado en fuera de juego con las pancartas y la palabrería, mientras los socialistas amenazan con llevar al Tribunal Constitucional, controlado por Pedro Sánchez, la nueva normativa que permite levantar vivienda con una flexibilización de los usos del terreno.
Ayuso actuó ante la exigencia del mercado inmobiliario, ahogado por la oferta y una ley estatal de vivienda que protege a la ocupación ilegal antes que al propietario, mientras la demanda se dispara en la Región. Fuenlabrada, por ejemplo, solo tiene 25 inmuebles en alquiler en las webs de anuncios más conocidas; Coslada, por su parte, apenas 15; Mejorada del Campo tan solo registra cuatro anuncios. Alcorcón, apenas 45. Todos los alcaldes de estos municipios reniegan de las medidas de Ayuso, a pesar de ser una de las pocas comunidades autónomas conscientes de la necesidad. El sector clama por una «liberalización total del suelo» ante esta dramática situación, que ha disparado la especulación.
DE LA REUNIÓN DE COSLADA AL CONSTITUCIONAL
Tanto el Ejecutivo de Pedro Sánchez como los alcaldes socialistas de Madrid más destacados tratan de impedir la construcción de vivienda en suelos destinados en un inicio para equipamientos sociales, como zonas verdes, mientras la población de la Región alcanzará los 10 millones de habitantes en apenas siete años.
Para entonces, si no se han puesto los cimientos, no habrá oferta suficiente para albergar los 120.000 nuevos residentes en la Comunidad de Madrid al año, un número que irá en aumento a lo largo de la próxima década. En Getafe, por ejemplo, se busca bloquear la edificación de 20.000 nuevas viviendas, mientras el Gobierno de Ayuso es consciente de la importancia de edificar para rebajar la presión demográfica y tratar de tejer redes con las provincias colindantes, como Ávila, Guadalajara, Segovia y Toledo.
La nueva normativa busca resolver los problemas de interpretación y aplicación surgidos hasta ahora, especialmente en lo referido a la legislación estatal en materia de suelo y rehabilitación urbana. Se trata de una reforma integral para dar respuesta a la fallida ley de vivienda del Ejecutivo, que se queda únicamente en las promesas vacías y sin levantar ni un solo inmueble. Con esta reforma, Madrid pone rumbo hacia el futuro, pero Pedro Sánchez y su equipo se empeñan en torpedearlo.
Para ello, el grupo de los once alcaldes se reunió con Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, con el fin de imponer las regulaciones de Cataluña, con límites al alquiler en zonas tensionadas incluido. La medida, lejos de ser la panacea, ha provocado una caída de la oferta muy superior a la de Madrid, tensionando aún más las zonas al dispararse los precios por la llamada a la especulación.
«Si un vecino alquila por 1.000 euros al mes, otro exigirá lo mismo a sus inquilinos aunque pagaran 500 euros», apuntan fuentes del sector. Pero la arenga socialista muestra que aquella reunión en Coslada el pasado mes de febrero era nada más que para amenazar después al Ejecutivo autonómico con llevar la ley ante el Constitucional.
En la reunión, celebrada el pasado 25 de febrero, tuvo una conclusión muy clara: «Aquellos que hoy se oponen a los avances, la realidad les haga rectificar y sean los primeros que se apunten el tanto». Todo ello, porque Ayuso se negó a aplicar las medidas que en Cataluña no funcionaron. El aquelarre socialista de Madrid profundiza así en la guerra por Madrid, donde Óscar López ha puesto a todo el equipo en marcha para tratar primero de ganar a Más Madrid, cuya diferencia fueron cerca de 7.000 votos en las pasadas elecciones del 28-M.
LA LUCHA ENCARNIZADA ENTRE PSOE Y MÁS MADRID POR LA VIVIENDA
La lucha encarnizada en la izquierda a dos años de las elecciones hace sonar los tambores de unas generales ante la falta de Presupuestos. No obstante, Madrid continúa trabajando para solucionar el grave problema de la vivienda, con medidas liberales y conscientes de la grave situación a la que se enfrentan en caso de seguir los pasos de Cataluña.
«Es el motor económico y si Madrid crece lo hará también el resto de España», apuntan fuentes del sector inmobiliario y promotor a MONCLOA. Eso sí, consideran que una liberalización total del suelo podría suponer un verdadero empujón a la edificación de inmuebles. Hay quien apuesta por levantar grandes rascacielos junto a la soterrada M-30, especialmente hacia el este, pero desaparecerían decenas de parques.
«Una cremallera junto a la M-30 sería una solución planteada. No obstante, mirar únicamente por el lado de la ecología significaría menos viviendas en el mercado.
El PSOE, además, señala como problemas a resolver dentro de la ley del suelo de Madrid los relativos a la flexibilización de los usos del terreno, como utilizar los solares vacíos destinados a servicios o equipamientos. Es decir, el Gobierno impugnará justo la superficie donde se están edificando los alquileres sociales del Plan Vive en vez de plantar árboles o levantar centros de ocio y entretenimiento cultural.
Asimismo, el Gobierno vigila los denominados espacios protegidos y considera que todos los proyectos deben tener su correspondiente informe. Pese a que se dice en no pocas ocasiones que Madrid puede crecer a lo largo y ancho, la realidad es que el 50% del suelo disponible está en terreno vedado, hasta el momento. De hecho, en muy pocos años la superficie del suelo para edificar se reducirá drásticamente. Será entonces cuando llegue la hora de elegir la dirección a tomar.
La ley del suelo de Madrid, además, apuesta por las infraestructuras de energía y agua al permitir la implantación en suelo urbanizable no sectorizado para estas instalaciones sin cambiar la categoría de obras e instalaciones y los usos requeridos por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, autonómicos o locales. Asimismo, los despachos de abogados aplauden la «seguridad jurídica» en los supuestos exentos de calificación urbanística, un impulso al sector primario; así como la simplificación de los procedimientos, una petición de todo el sector que acorta los años desde la presentación hasta la ejecución.
