Las relaciones entre la Delegación del Gobierno, que dirige el socialista Francisco Martín, y la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, no son buenas. a nadie se le escapa esta mala relación y falta de lealtad entre ambas instituciones solo perjudica a los madrileños, que nuevamente se ven en medio de una guerra política que prioriza los intereses partidistas al del común de la ciudadanía.
En este sentido, especial relevancia tiene el mandato de Francisco Martín al frente de la Delegación del Gobierno. Desde que llegó a su cargo en marzo de 2023 se ha dedicado a atizar sin medida a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid como primera orden, y como segunda al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Siguiendo las instrucciones de su jefe, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En esa actitud, según los populares se nota frustración del delegado de Martín por no obtener un cargo de mayor relevancia dentro del Partido Socialista de Madrid (PSOE-M). Martín lo ha intentado como ha podido estos últimos años, pero el actual delegado gubernamental no ha sido capaz de de entrar dentro de la Asamblea de Madrid.
Primero, el anterior líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato lo relegó de las candidaturas a la Asamblea de Madrid y le hizo tomar un rol muy secundario dentro de la Federación Socialista Madrileña. Y ahora el actual hombre fuerte de los socialistas madrileños, Óscar López, tampoco lo tiene muy en cuenta para su proyecto dentro en la Región.
El caso que esa falta de relaciones entre las instituciones hacen difícil el día a día en diversas facetas sociales de la convivencia madrileña. De todos es sabido que es necesaria la cooperación, colaboración y lealtad institucional para mejorar y hacer mejor la vida de los madrileños. En la actualidad, las relaciones entre ambas instituciones son nulas y ahora solo se limitan a las meras fotografías institucionales.
LEY DE EFICIENCIA DE LA JUSTICIA
La última de estas confrontaciones viene relacionada con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que según la Delegación del Gobierno, supondrá un ahorro de 47 millones de euros para la Comunidad de Madrid en los próximos 10 años, y cerca de 300 millones de euros en total para las 12 comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia.
Su implantación, en cambio, solo requerirá en este momento una inversión de alrededor de 2,4 millones de euros por parte de la región según indica la Delegación del Gobierno, ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino solo adecuar las existentes a la nueva estructura prevista en la norma.
Así se desprende de un análisis que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes realizó para presentar el pasado viernes en la Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona, centrada en el proceso de la reforma de la Justicia.
Finalmente, el pleno no pudo celebrarse por no haber alcanzado el quorum de asistentes, tras el abandono de diversos gobiernos autonómicos, entre ellos el madrileño, que no quisieron escuchar las cifras que afectan a sus territorios ni compartir sus esfuerzos para la implementación de la nueva ley o escuchar al resto de comunidades autónomas.
No obstante, el ministerio y los consejeros de País Vasco, Catalunya, Canarias, Navarra y Asturias, en las que el PSOE o gobierna o tiene parte del ejecutivo regional, mantuvieron la reunión en los términos previstos y continuar así trabajando en la mejora del Servicio Público de Justicia.
El estudio realizado por el ministerio detalla que, en la Comunidad de Madrid, el ahorro previsto gracias a la Ley de Eficiencia superará los 47 millones de euros en 10 años. El cálculo se realizó teniendo en cuenta cuántos órganos judiciales se crean cada año de media y el hecho de que, hasta ahora, esto suponía la creación de un juzgado y toda su estructura (inmuebles, personal, etc), con un coste de 400.000€. Con la nueva ley, en cambio, el coste de crear una nueva plaza de juez será de 86.000 €, ya que dejará de estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado.
MAS DE 50 MILLONES DE EUROS INVERTIDOS
La inversión que el ministerio realizó en la Comunidad de Madrid para adaptar sus estructuras a la Ley de Eficiencia, que asciende también a 50 millones de euros – procedentes en su mayoría de fondos europeos -, una cifra histórica para modernizar este servicio público y avanzar en la implantación del nuevo modelo organizativo.
Por otra parte, se requiere un esfuerzo por parte de las CCAA con competencias transferidas para culminar la adopción del nuevo modelo de Oficina Judicial, clave para la nueva organización prevista en la ley. Aunque su creación está prevista desde hace 20 años, su implantación es muy desigual en el territorio. En el caso de Madrid, es del 0%.
Los avances realizados en las 9 líneas de trabajo planificadas para la implementación de los Tribunales de Instancia en todo el territorio donde el ministerio tiene la competencia en materia de justicia permitirán que estén previsiblemente en funcionamiento a partir del 1 de julio, del 1 de octubre y del 31 de diciembre de este año, conforme a los plazos establecidos en la ley.
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada el pasado mes de enero, prevé una reforma profunda de la organización judicial para hacerla más ágil y flexible y dotarla de mayor capacidad de respuesta ante la congestión de los juzgados.
La norma, que se aplica de forma progresiva durante 2025, transforma los 3.931 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, cada uno de ellos, asistidos administrativamente por una Oficina Judicial. Esto permitirá, por ejemplo, una especialización de las plazas judiciales, que se ordenarán por secciones. La nueva estructura, que arranca el 1 de julio y se completará el próximo 31 de diciembre, facilitará la dotación de más plazas judiciales en los Tribunales de Instancia cuando sea necesario, ya que su creación dejará de estar vinculada a la implantación de un juzgado.
