La Directora de Cumplimiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Nefer Ruiz, ha elaborado un extenso informe que recoge que la junta directiva durante la época de Luis Rubiales contrató una asesoría jurídica que cobró 235.950 euros sin pasar los controles federativos preceptivos. El documento ha sido presentado a la juez Delia Rodrigo del Juzgado de Instrucción 4 de Majadahonda, que instruye la causa contra Luis Rubiales dentro del conocido como caso Supercopa.
El informe de 22 folios, al que ha accedido MONCLOA, se inició tras la denuncia de Javier Tebas, presidente de La Liga de Fútbol Profesional, realizada el 11 de noviembre de 2024 ante el Área de Cumplimiento de la RFEF y «hacía referencia a los servicios prestados por la sociedad Evalúa Jurídico, advirtiendo la posible existencia de una contratación fraudulenta, en la medida que los servicios contratados coincidían con aquellos igualmente facturados por la firma GC Legal».
La denuncia iba acompañada de varios documentos, como un escrito presentado por La Liga en el Juzgado de Majadahonda y un extracto de dos grabaciones entre Javier Tebas y Miguel García Caba, vicepresidente de la RFEF con Luis Rubiales.
INVESTIGACIÓN DE LA RFEF
Pero el 11 de diciembre de 2024 la juez dictó una resolución en la que consideraba que «no ha lugar en este momento procesal a las manifestaciones solicitadas por La Liga, sin perjuicio de que puedan ser acordadas en otro momento posterior de la instrucción». Entonces la RFEF comenzó una investigación interna y el 13 de diciembre se realizaron solicitudes al Director Financiero de la RFEF y el director del Área Jurídica de la RFEF.
Finalizada la investigación la RFEF el 10 de febrero de 2025, la misma concluyó que «existen indicios suficientes de la posible comisión de ilícitos penales, por lo que se ha procedido a poner los hechos en conocimiento de los abogados designados por la RFEF para su asesoramiento en materia jurídico penal. El objeto de esta actuación es recabar su criterio sobre la posible implicación de la RFEF en las actuaciones penales de referencia y la eventual presentación de las conclusiones de la investigación interna ante el Juzgado instructor para su valoración e incorporación a la causa penal».
Evalúa Jurídico, la empresa que cobró esa asesoría a la RFEF, tiene como administrador a Vicente Flores Argente, un abogado valenciano especialista en Derecho Mercantil.
El 15 de diciembre el Departamento Financiero de la RFEF entregó el contrato de prestación de servicios entre Evalúa y la RFEF suscrito entre 2020 y 2024. Un acta de la Comisión Económica (CE) de la RFEF aprobaba esta contratación el 18 de noviembre de 2020 y aquí comienzan las supuestas irregularidades apuntadas por la RFEF a la juez.
Ese acta «no se presentó en tiempo y forma y se llevó a última hora a la CE sin pasar los procedimientos internos establecidos». El actual secretario del órgano, Emilio Herrero, ante la pregunta de quién llevó ese asunto a la CE, afirmó que «no tengo nada de información. De hecho todos los expedientes de CE se han empezado a guardar ahora una vez que me he incorporado como secretario del órgano». Luego, el documento recoge que «realizadas más investigaciones para intentar aclarar este punto, se conoció que en ese momento la persona que recopilaba los informes para su presentación a la CE era el secretario de la RFEF, Andreu Camps».
El problema es que, según la Federación, Andreu Camps se llevó consigo sus archivos personales cuando abandonó la RFEF, por lo que este hecho no puede ser cotejado.
Mientras tanto, Evalúa Gestión emitió 13 facturas a la RFEF por valor de 235.950 euros hasta el 31 de diciembre de 2023. Fueron emitidas trimestralmente por un importe de 15 mil euros más IVA, entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, a pesar de que, y esto resulta relevante, que el contrato llegaba hasta octubre de 2024.
El documento llama la atención sobre el hecho de que el contrato se firmó el 30 de noviembre de 2020, «pero el señor Flores envía la factura del primer trimestre por servicios prestados desde el 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Es llamativo, ya que aunque el contrato indica que entra en vigor en octubre de 2020, durante los meses de octubre y noviembre el contrato no estaba aprobado ni tampoco constan servicios por parte del Sr. Flores. El primer correo electrónico que existe entre la Asesoría Jurídica de la RFEF y el Sr. Flores data de abril de 2021».
Además, a la firmante del documento le llamó la atención que «Evalúa dejó de emitir facturas el 31 de diciembre de 2023, aunque su contrato se mantuvo vigente hasta su finalización, en octubre de 2024. La primera factura de 2024 tendría que haberse emitido el 31 de marzo de 2024, días después del registro efectuado por la UCO en la sede de la Real Federación de Fútbol de Las Rozas, a razón de las investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado (…). Desde diciembre de 2023 no se emitieron más facturas» y además, misteriosamente, «tampoco existen más comunicaciones entre la Asesoría Jurídica de la RFEF y el sr. Vicente Flores desde la entrada de la UCO en las oficinas de la RFEF».
La sospecha que tiene la Federación es acerca de si era necesario o no contratar este otro servicio, contando entonces ya con los de G.C. Legal, despacho legal de Tomás González Cueto, abogado investigado en la causa contra Rubiales.
El acta de la CE de 18 de noviembre de 2020, recoge «la contratación de Evalúa Jurídico para prestar servicios mediante iguala en materia civil, mercantil y procesal (…), teniendo en cuenta que en ese momento se contaba con el despacho GC Legal, que prestaba servicios por el mismo objeto (asesoramiento en materia civil, mercantil o procesal)».
El departamento jurídico de la RFEF fue quien presentó la propuesta ante la Comisión Económica del mismo organismo, «fundamentando su necesidad en la existencia de problemas en el ámbito mercantil y de competencia», pero «no consta, ni en la documentación interna de la RFEF ni en los archivos de la Comisión Económica que se elevaran los informes preceptivos para la aprobación de la contratación del Sr. Vicente Flores a través de su sociedad Evalúa Jurídico».
Los servicios que prestó el bufete de Flores entre abril de 2021 y diciembre de 2023 se relacionaron con tres asuntos: El concurso de Gesport -ciudad del Fútbol de Las Rozas-, el concurso del CD Badajoz y el concurso de la UD Extremadura. Esos servicios fueron de asesoría a Jordi Aparisi, subdirector de la Asesoría Jurídica de la RFEF.
