El juez Juan Carlos Peinado, del juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha prorrogado durante seis meses la instrucción del Caso Begoña Gómez mediante un auto fechado el pasado 1 de abril. El magistrado justifica su decisión en que «no han podido concluirse las actividades pendientes que darían lugar a la conclusión de las presentes diligencias previas en la fase de instrucción en la que se encuentran».
Peinado pone como ejemplo que «en la actualidad, están pendientes de expedirse para su diligenciamiento por la UCO los mandamientos de las diligencias acordadas en la providencia de fecha 09/01/2025, recurrida en queja ante la Audiencia Provincial por la defensa de D./Dña. María Cristina Álvarez Rodríguez, así como pendiente de recibir informes de la UCO del expediente de Air Europa aportado por la SEPI, así como relativo al análisis por la UCO de las cuentas bancarias y todos los hechos vinculados con la UCM, habiéndose dado traslado a la UCO de las grabaciones de las declaraciones de los investigados y testigos en el presente procedimiento para completar y relacionar los hechos objeto de análisis y pendientes de informe, informe de la Fiscalía Europea, declaración en calidad de testigo de Dña. Fuencisla Clemares Sempere, Dña. Cristina Ruiz Ortega y D. Ignacio Mataix Entero para el día 02 de abril de 2025, así como la declaración en calidad de testigo de D. Félix Bolaños García prevista para el día 16/04/2025».
Clemares, Ruiz y Mataix ya prestaron el miércoles declaración como representantes de Google, Indra y Minsait, aunque Peinado pidió referencias de mandos intermedios de estas empresas con la intención de llamarlos a declarar.
Precisamente fue una ex directora ejecutiva de Google Spain, Fuencisla Clemares, actual vicepresidenta de ‘Go to market operations’ para Europa, Oriente Medio y África de la tecnológica, quien explicó al juez Peinado que instruye la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que su empresa sumó 70 mil euros más a los inicialmente presupuestado de 40 mil euros para desarrollar el software de Transformación Social Competitiva (TSC) de la cátedra de Gómez. La asociación Hazte Oír denunció a la mujer del presidente del Gobierno por apropiación indebida de este software.
SOFTWARE PARA BEGOÑA GÓMEZ
La directiva de Google añadió que para extender esta colaboración hasta los 110.000 euros no necesitó la aprobación de nadie. En diciembre de 2022 Google Ireland Limited firmó un acuerdo de patrocinio con la Universidad Complutense en el que «se comprometía a patrocinar el Proyecto Transforma TSC mediante la aportación de 40.000 euros».
Ese proyecto consistía en el «desarrollo de una plataforma gratuita que permite a las pequeñas y medianas empresas planificar la mejora de sus objetivos de desarrollo sostenible y medir el impacto de las medidas llevadas a cabo», explicaba la empresa en un escrito recogido en el sumario de la causa. Pero a medida que el proyecto avanzaba «su complejidad técnica fue aumentando progresivamente y resultó ser superior a la inicialmente prevista», ha explicado la representante de Google.
También declararon Ignacio Mataix, ex consejero delegado de Indra y Cristina Ruiz, ex consejera delegada de Minsait. Indra ya informó por escrito al juez que invirtió 128.442 euros en el ‘software’ de dicho máster. Según precisaron, dichos trabajos se facturaron internamente a otra compañía del grupo, Indra Soluciones Tecnológicas de la Información, y en ningún momento disfrutaron de «beneficios o deducciones fiscales».
La acusación popular de Hazte Oir pedirá que todos los nombrados como mandos intermedios sean citados como testigos en la causa.
El auto de Peinado finaliza explicando que «así como las que a la vista del resultado de las diligencias practicadas y los informes recibidos pudieran decretarse procedentes para el esclarecimiento de los hechos. Lo que se puede derivar de lo anterior, es que, difícilmente pueden ser cumplimentadas dichas diligencias pendientes de practicar antes del día 16 de abril del presente año 2025», en referencia a la toma de declaración al ministro Bolaños.
Y concluye con que «la lógica y la empírica demuestran claramente que es más que previsible, que, como se ha dicho, para el próximo día 16 de abril de 2025, no hayan podido concluirse las
actividades pendientes que darían lugar a la conclusión de las presentes diligencias previas, en la fase de instrucción en la que se encuentran, y, que permitan que se dicte el auto previsto (…) por lo que resulta necesario acordar la prórroga de la instrucción (…)».
