La reyerta de este lunes en el centro de acogida de menores migrantes de La Cantueña de Fuenlabrada ha supuesto un nuevo episodio sobre el polémico centro que tantas suspicacias y polémicas está levantando. Unos hechos que acabaron con siete trabajadores heridos y un menor, tras un motín en La Cantueña y que también supuso la detención de 12 menores detenidos por estos hechos.
Los heridos fueron atendidos y dados de altas en las mismas instalaciones del centro mientras que los doce menores, hay que recordar que todos ellos son extranjeros, como presuntos responsables de un delito de riña tumultuaria, y fueron trasladados posteriormente a dependencias del Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (GRUME), encargados de este tipo de incidentes y ya están en libertad y de regreso al centro.
Por este motivo, se buscará devolver a sus países de origen a los menores involucrados en la pelea. La figura utilizada para tal efecto será la de la agrupación familiar. Algo que necesitará del consenso con las autoridades nacionales.
De momento, a la hora de redactar esta noticia, se desconocen todavía las causas de esta reyerta y posterior motín. El caso, que desde fuentes cercanas a los trabajadores de dicho centro señalan que las condiciones de trabajo en el mismo son pésimas y comienzan a ser peligrosas para su integridad, tanto de los educadores, como de los vigilantes de seguridad.
Además, han querido recordar, que este centro dependiente de la Comunidad de Madrid, está al 100% de sus capacidad, unas 100 plazas, y no saben como se va afrontar la llegada de otros 700 menores tras el reparto acordado entre el PSOE y Junts en una modificación de la Ley de Extranjería, con el fin de quitar presión migratoria a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
El caso es que este incidente ha hecho saltar las alarmas, tanto en los trabajadores del centro como dentro del propio Ejecutivo regional, que aprovechó para explicar la situación de desbordamiento y protestar por el desigual reparto tras el citado acuerdo entre le PSOE y la derecha independentista catalana.
El PSOE de Fuenlabrada también utilizó los incidentes para mostrar su rechazo al modelo de acogida de la Comunidad de Madrid, señalando que «estigma al colectivo» y pide cambios. En este sentido, hay que recordar que desde el consistorio de Parla han rechazado desde siempre la presencia de los menores y del propio centro en la localidad. Algo que ha utilizado la presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para señalar que la acogida de los socialistas es de «boquilla» y que en realidad no quieren a este tipo de menores cerca.
PETICIÓN DE REAGRUPAMIENTO FAMILIAR POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA
Como solución al problema y siendo verso libre sobre esta temática desde el Ejecutivo que preside Ayuso se ha acercado a las tesis de Vox sobre esta problemática. Por este motivo, desde el gobierno regional comienzan a ver con buen ojo pedir al Ejecutivo central que adopte medidas de devolución de estos menores en la figura de la reagrupación familiar.
Así, de forma oficial la Comunidad de Madrid insta al Gobierno de España a que cumpla sus competencias y le solicita la reagrupación familiar de los menores inmigrantes no acompañados que presenten dificultades de adaptación para salvaguardar su protección. Así lo anunció ayer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Conforme a lo que dispone la legislación de extranjería, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales comenzó a enviar a la Delegación del Gobierno en Madrid expedientes de menores inmigrantes no acompañados que presentan graves dificultades de adaptación y que podrían ser susceptibles de esta medida siempre y cuando el interés superior del menor lo aconseje.
Hasta el momento, la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia remitió a Delegación en las últimas semanas cuatro expedientes de menores con estos perfiles que permanecen en centros de la Comunidad de Madrid. Además, este órgano colegiado continuará valorando todos aquellos casos que presenten imposibilidad real de integración.
En este sentido, inició el estudio de los expedientes de los menores involucrados en los incidentes del Centro de La Cantueña del pasado lunes para proponer su reagrupación familiar, en los casos en los que sus circunstancias así lo aconsejen y lo permitan.
Para el Gobierno regional, el bienestar del menor debe ser siempre la prioridad. Por eso, esta medida se adopta para evitar que sigan siendo blanco fácil de las mafias de tráfico de personas y del consumo de drogas. Además, resulta imprescindible proteger a la mayoría de los menores, que sí desean integrarse y que están siguiendo su proyecto educativo de manera ejemplar.
Cada caso es valorado de forma pormenorizada en este órgano colegiado, formado por profesionales de la protección a los menores, que remiten los casos a la Delegación del Gobierno cuando se constata que llegan a España sin margen ni tiempo para abordar una intervención educativa eficaz para la atención de sus necesidades.
Por ello, y en virtud de lo contemplado en el Real Decreto 557/2011 y en los mismos términos en el Real Decreto 1155/2024, aprobado por el Gobierno de España hace menos de un año, y que entrará en vigor el próximo 20 de mayo, la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia decide que en estos casos la mejor opción para su desarrollo es el regreso a su entorno familiar.
Para el Ejecutivo regional, es imprescindible que el Gobierno central cumpla con sus competencias, que, como remarcó recientemente el Tribunal Constitucional, son irrenunciables, y actúe en los países de origen, solicitando a las representaciones diplomáticas de estos países los informes sobre las circunstancias personales de los menores, como exige, con carácter imperativo el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Asimismo, es urgente la necesidad de que se despliegue una política exterior eficaz en materia de protección de menores, ya que la respuesta no puede limitarse a la acogida indiscriminada sin mecanismos adecuados para gestionar estos casos específicos.
RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Por otro lado, la Comunidad de Madrid interpuso el recurso ante el Tribunal Constitucional por la decisión del Gobierno central de modificar la Ley de Extranjería sobre los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados. En concreto, se ha recurrido el Real Decreto ley 2/2025 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo.
Según el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, ese Real Decreto ley infringe varios preceptos de la Carta Magna de 1978 y es inconstitucional al invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional, ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores. También considera, entre otros, que se vulneran sus derechos fundamentales, desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia.
